El Gobierno gallego idea nuevas fórmulas para paliar el déficit de profesionales que existe ya en determinadas especialidades médicas y afrontar además el problema añadido que supondrá para la plantilla sanitaria la jubilación en la próxima década de un tercio de los facultativos. Así, además de estudiar la ampliación hasta los 68 años de la edad de jubilación de los médicos que ejercen en el sistema público gallego, también se quiere blindar por ley, ofreciendo todas las garantías jurídicas, el acceso a la plantilla del Sergas de facultativos extranjeros de fuera de la UE.

Actualmente ya hay algunos profesionales extracomunitarios ejerciendo en el sistema público, pero su presencia es apenas testimonial y debido a una necesidad puntual en el año 2008. No obstante, el recurso a médicos de fuera de la Unión Europea es una opción que la Xunta quiere tener despejada de cualquier impedimento jurídico para echar mano de ellos cuando sea necesario.

Por eso, a través de una enmienda del PP, la Lei de Saúde de Galicia ganará en su tramitación parlamentaria un artículo expresamente pensado para facilitar la incorporación de médicos y enfermeros extracomunitarios al poder eximirse en todas las oposiciones y sustituciones del requisito de la nacionalidad. Eso sí, habrá que aducir razones "de interés general y necesidades objetivas".

"Se exime de la nacionalidad para tener todo en orden con el objeto de evitar la inseguridad jurídica y prevenir problemas legales posteriores dado el déficit de médicos en determinadas especialidades y hasta para hacer sustituciones, un problema que va a ser mayor en el futuro por la jubilación de muchos profesionales en los próximos años", argumenta el portavoz de sanidad del PP en el Parlamento, Aurelio Núñez Centeno. Como especialidades con más déficit de profesionales, el diputado del PP señala pediatría, médicos de familia, anestesista o algunos tipos de cirugía.

Los médicos de la UE no tienen problema alguno para trabajar en los sistemas sanitarios europeos, pero los extracomunitarios deben contar con una habilitación nacional concedida, en el caso de España, por el Gobierno central. Pero no son muchas las licencias tramitadas. Tan solo 430 homologaciones en algo más de cuatro años.

De hecho, en Castilla-La Mancha hay abierta una polémica porque la Junta incorporó ginecólogos al sistema público sobre los que existen denuncias de que no cumplen con los requisitos de formación y habilitación. "No queremos que en Galicia haya duda sobre su legalidad si finalmente se cuenta con médicos extranjeros", comento Núñez Centeno, dando por supuesto que primero deben superar la habilitación nacional.

El déficit de médicos en determinadas especialidades es lo que lleva al Sergas a plantear soluciones como ampliar la edad de jubilación de los médicos. En el año 2012 se obligó a todos los funcionarios, incluidos los médicos, a jubilarse a los 65 años. Pero después se consintió, al menos en Galicia, retrasar la jubilación dos años y ahora se estudia elevarla, de forma voluntaria, hasta los 68 años.

Esta falta de profesionales en determinadas áreas que impide realizar toda las sustituciones es también lo que llevó la gerencia sanitaria de Vigo, por ejemplo, a establecer restricciones para las próximas vacaciones de Navidad a unos 2.000 trabajadores. Se le impide reservar vacaciones para disfrutarlas a partir del 15 de diciembre. Eso sí, podrán cogerse días de libre disposición, pero un máximo de cuatro y concentrados en una de las tres semanas en las que divide estas fiestas.

Otra de las enmiendas del Partido Popular, que en total presentó cuatro, afecta a los consejos asesores de pacientes, que pasarán a ser siete en total, uno por cada área sanitaria en que se dividirá la comunidad gallega con la nueva Lei de Saúde.

Su misión será dar voz a las distintas asociaciones "para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria a través de la percepción de los propios pacientes". Antes solo había un consejo asesor para toda Galicia y su creación estaba regulada por un decreto, no por ley como ahora.

Otro cambio que propone el Partido Popular (PP) para incorporar a la nueva ley es que en vez de "atención especializada" se pase a llamar "hospitalaria".