El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha reclamado hoy "financiación adecuada" para que Galicia asuma directamente las competencias en materia de asistencia sanitaria a la población reclusa.
El Parlamento de Galicia ha acogido hoy una sesión de la comisión primera, Institucional, de Administración General, Justicia e Interior, en la que se ha aprobado, con el apoyo únicamente del PPdeG, una proposición no de ley (PNL) para impulsar la celebración de cumbres entre Galicia y Portugal en asuntos sectoriales y de carácter transfronterizo.
Durante el turno de preguntas orales, el diputado Juan Díaz Villoslada (PSdeG) ha consultado al Gobierno gallego sobre las gestiones llevabas a cabo ante el Ministerio del Interior para mejorar las condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las cárceles gallegas, además de por la transferencia a la Xunta de las competencias vinculadas a la asistencia sanitaria de los presos.
Díaz Villoslada ha considerado que las prisiones gallegas tienen unos "servicios de asistencia sanitaria deficientes", incluso sin servicio médico los fines de semana, y ha asegurado que el penal de Teixeiro (A Coruña) tiene cubiertas tres de sus ocho plazas médicas.
El gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa ha recordado que las condiciones laborales del personal funcionario del Estado corresponden a este, aunque se han desarrollado diferentes acciones para mejorar la situación de la población reclusa.
Con carácter preventivo, se han realizado campañas de vacunación u otras vinculadas al VIH, y se desarrollan actividades de carácter asistencial como las que requieren los drogodependientes o aquellos que necesitan pruebas diagnósticas o quirúrgicas.
La colaboración entre Galicia y el Estado es, según Fernández-Campa, intensa, en especial en algunos ámbitos como el tratamiento de los afectados por el virus de la hepatitis C.
Respecto a la transferencia de las competencias en materia de asistencia sanitaria a la población reclusa, el gerente del Sergas ha detallado que cualquier acuerdo necesita una "financiación adecuada" de los servicios.
Hace falta, además, el "compromiso de asunción de las obligaciones que pudieran existir con anterioridad a la fecha de efectividad del acuerdo" y la "cesión de los bienes y medios con los que se presta la asistencia".
La sesión también ha servido para el rechazo de tres PNL presentadas por el BNG, sobre las sentencias de tribunales creados durante el franquismo y dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencias; PSdeG, sobre igualdad; y En Marea, acerca de las plazas públicas de personal de archivos amortizadas.
Respecto a la PNL del BNG, el diputado Díaz Villoslada ha reclamado que se avance "en la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco", aunque el representante del PPdeG Jacobo Moreira Ferro ha acusado a la oposición de "echar sal a las heridas" y rechazar el concepto de "reconciliación".
Los socialistas han planteado una enmienda a la PNL del PP, sobre las cumbres con Portugal, que ha sido rechazada a pesar de que con ella contaría con el apoyo de En Marea, por lo que ha sido aprobada únicamente con los votos populares.
El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha considerado que esta propuesta es necesaria "después de un año vagueando", pues los encuentros con Portugal estaban en el "programa electoral" del Partido Popular, un grupo que ahora viene a "ponerle las pilas" al Ejecutivo autonómico.
La directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, Blanca García-Señoráns Álvarez, ha respondido, acerca de los controles en edificios públicos vinculados a la presencia de gas radón, que el objetivo de la Administración autonómica es "garantizar las mejores condiciones de seguridad" en sus inmuebles.
A tal efecto, apuesta por el "fomento de una cultura preventiva" con "ventilación" y, en caso de que exista demasiada concentración del gas, se adopte "cualquier tipo de medida necesaria".
El diputado del BNG Luis Bará ha consultado al Gobierno sobre la situación de los juzgados exclusivos de cláusulas suelo, que viven, según él, una situación de "colapso".
El director general de Justicia, Juan José Martín, ha detallado que es el Consejo General del Poder Judicial el responsable de esta materia, aunque ha mostrado su interés por un reparto de las causas que se producen en diferentes localidades, en lugar de su remisión exclusiva a órganos específicos.
