La Audiencia Provincial de Navarra reclamó en diversas ocasiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigase por sus retrasos y por determinadas decisiones al juez Ricardo González, el miembro del tribunal que juzgó La Manada y que emitió un voto particular pidiendo la absolución de los cinco sevillanos que forzaron a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. De corroborar actuaciones anómalas, la investigación, adelantada por el El País, habría derivado en la inhabilitación del juez. La petición al órgano de gobierno de los jueces se desveló después de que el ministro de Justicia, el popular Rafael Catalá, sembrase la duda sobre la capacidad del magistrado en una entrevista radiofónica en la cadena COPE, en la que afirmó que, en el ámbito judicial navarro, "todos saben" que Ricardo González "tiene un problema singular".
Las declaraciones de Catalá levantaron ampollas entre la judicatura, donde se exige la dimisión del ministro por unas palabras "temerarias" que ponen en entredicho la independencia judicial, toda vez que además de aludir a esos eventuales problemas del magistrado, Catalá también criticó lo que entiende como inacción del Consejo General del Poder Judicial. "Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, este organismo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", declaró ayer el ministro.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieron ayer la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones. La Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firmaron un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.
"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", reza el comunicado.
En su nota exponen que el "verdadero peligro" es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y "la confusión intencionada" de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".
De hecho, Ricardo González fue sancionado en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones desde los años 90 del pasado siglo, sobre todo en causas de divorcio y separación. De esas cuatro sanciones, una se debió a la demora injustificada, de 28 meses, en dictar sentencia por un caso de divorcio que se resolvió en el año 2000. Este retraso motivó que el juez fuese sancionado por el CGPJ con seis meses de suspensión en 2001, en una resolución ratificada por el Tribunal Supremo en 2003. En la sentencia del Supremo se constata que la Comisión Disciplinaria del CGPJ había incoado expediente a González, en el año 2000.
Además de estas cuatro sanciones, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra solicitó en 2008 iniciar el procedimiento de jubilación por incapacidad del magistrado, que llevaba más de un año de baja por causas que no han trascendido. El CGPJ señala, no obstante, que González no fue expedientado ni sancionado durante los últimos cuatro años.
Más dudas sobre el juez
Las revelaciones sobre el historial de sanciones del magistrado discrepante y las críticas de Rafael Catalá han sembrado dudas sobre la idoneidad de Ricardo González -cuya actitud hacia la víctima de La Manada ya había sido muy criticada durante el proceso judicial-, para juzgar delitos de violencia machista. Unas suspicacias que comparte la asociación de mujeres juristas Themis, que considera "inaceptable" el voto particular de González pidiendo la absolución de La Manada, como también sus argumentaciones en la sentencia, que consideran que contiene "expresiones vejatorias hacia la víctima".
Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los miembros de La Manada condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual, considera "deleznable" que se esté "vilipendiando" al juez que dictó un voto particular defendiendo la absolución de los acusados y criticó que el ministro de Justicia "haya pasado a convertirse en un mero transmisor de mensajes populistas". Por su parte, la Fiscal especial para la Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, afirmó que la "criticada" sentencia del caso de La Manada es "absolutamente respetuosa con la mujer", aunque "se pueda discrepar" de la valoración jurídica.
