La legislación española sobre delitos sexuales está entre las más duras de Europa en lo referente a la duración de las penas, pero arropa menos a las víctimas que la mayoría de los países de nuestro entorno. La sentencia del caso de La Manada, por la que se condena a nueve años de prisión a los cinco jóvenes sevillanos que forzaron a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016, ha abierto un debate sobre la necesidad de modificar el Código Penal para endurecer la duración de las condenas y perfilar mejor los tipos delictivos. Especialmente por el hecho de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra apreciasen en los actos de los condenados un delito de "abuso sexual continuado", pero no "agresión".

La comparativa con otros países europeos apunta a que los hechos de los Sanfermines seguramente habrían sido calificados, directamente, como violación o agresión sexual de haber sucedido fuera de nuestras fronteras.

Países como el Reino Unido, Suecia o Alemania marcan la frontera de la violación en el consentimiento de la víctima. Otros, como Francia o Bélgica, también inciden en el consentimiento y distinguen entre violación y otros tipos de agresión sexual en si hay penetración o no. En el caso de La Manada, se dan como hechos probados que hubo penetración y que la víctima no dio su consentimiento, por lo que en estos países no habría duda: de haber sucedido dentro de sus fronteras, los cinco jóvenes sevillanos habrían sido acusado por violación. Otra cosa sería Italia o Portugal, donde los delitos tienen una denominación diferente, incluso más próxima a la española. En Italia, se contempla un doble tipo de "violencia sexual": por la fuerza, lo que sería una violación, o por inducción. En Portugal, denomina "abuso sexual" cualquier "comportamiento sexual que ocurre sin consentimiento, sin igualdad y como resultado de una coerción".

Pero más allá de la calificación del delito, difícilmente se habrían impuesto más de esos nueve años por los que han sido condenados los miembros de La Manada en otro país europeo. En Francia y el Reino Unido, las penas por violación pueden llegar a un máximo de 15 años de prisión, aunque en el país vecino se puede incrementar hasta los 20 años si hay agravantes, como puede ser que la víctima sea menor de edad.

En Suecia y Bélgica, en cambio, la pena máxima se sitúa en los 10 años. También en Italia, donde la pena se puede elevar hasta los 12 en casos de violaciones en grupo, entre otros tipos agravados. En Portugal, las penas son menores: un médico que violó a cinco mujeres en el hospital en el que trabajaba fue condenado, en enero de este año, a seis años de prisión.

Ese caso generó protestas multitudinarias en Portugal, como el de La Manada en España o las agresiones sexuales de la Nochevieja de 2015 en Colonia (Alemania). Este último escándalo motivó que el país germano modificase de manera crucial sus leyes para penalizar la violencia sexual. La reforma, denominada popularmente No es no y que entró en vigor en enero de 2017, penaliza cualquier comportamiento sexual contra la voluntad de una persona: un beso o un tocamiento puede acabar con una pena de cárcel. Además, la víctima no tiene por qué manifestar verbalmente su rechazo: incluso las lágrimas se consideran un gesto de rechazo.