A la larga lista de reacciones contrarias a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre La ManadaLa Manada se ha sumado, de forma un tanto sorprendente, el Parlamento de Galicia, que aprobó ayer una declaración institucional para mostrar su total desacuerdo con el fallo judicial que calificó lo hechos como abuso sexual y no como violación.
No es muy normal que la Cámara autonómica se manifieste contra una sentencia. Pero ahora lo acaba de hacer, argumentando que "recoge el sentir mayoritario de la sociedad gallega". Por ello, en una declaración institucional -lo cual significa que todos los partidos están de acuerdo plenamente- expresa su "desacuerdo con el fallo de la mencionada sentencia". Fallo que, por otra parte, ha levantado una oleada de críticas, reproches y manifestaciones en toda España. El Parlamento vasco y las Cortes de Aragón también habían expresado, ya con anterioridad, su disconformidad con la sentencia.
El pronunciamiento del Parlamento va más allá de este rechazo a la sentencia, pues también apoya el anuncio del Ministerio de Fiscal de recurrir el fallo y espera que cambie la calificación del delito cometido por La Manada La sentencia de la Audiencia de Navarra condena a nueve años de prisión a los cinco acusados de los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 como autores de cinco delitos continuados de abuso sexual. Hubo un voto particular del tribunal que pidió la absolución de La Manada.
El Parlamento gallego se reafirma en la defensa de la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial, pero también sostiene que los tribunales de justicia, al igual que toda manifestación pública del ejercicio de los poderes de un Estado democrático, "están expuestos a la opinión pública".
La declaración institucional también traslada su solidaridad a la víctima, a sus familiares y a las personas cercanas y muestra su "comprensión con la decepción e indignación de las mujeres y de toda la ciudadanía como consecuencia de este fallo". Finalmente, el texto indica que todas las instituciones deben actuar con respeto a los derechos de las mujeres y de forma comprometida "en favor de la igualdad real y efectiva" de género, así como en la erradicación de las desigualdades y la violencia.
Por su parte, el juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias por la denuncia presentada por la víctima de La Manada tras la publicación de sus datos personales y amenazas contra ella y ha pedido a la Policía que identifique a los autores de esos mensajes. La denuncia fue presentada el pasado día 5 por la joven y el juzgado ha oficiado a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional para que proceda a la identificación de los autores de los mensajes y a la verificación de la retirada de los mismos, porque lo solicita la denunciante como medida cautelar.
Al respecto de la comisión que estudiará la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, Unidos Podemos presentó ayer una proposición no de ley en la que solicita que, de inmediato, el Ministerio de Justicia modifique su composición para que la mitad de los veinte miembros que la conforman sean mujeres. La iniciativa se registra después de que el departamento dirigido por Rafael Catalá decidiera incorporar a cinco expertas a la sección penal de la citada comisión, si bien una de ellas, Mirentxu Corcoy, catedrática en la Universidad de Barcelona, renunció al percatarse de que se trataba de una participación puntual y no permanente. La sección de forma habitual está formada solo por hombres.
