19 de mayo de 2018
19.05.2018

La Xunta amplía personal y reduce trámites para agilizar las pruebas de discapacidad

La espera media en la comunidad roza el año cuando la ley fija un máximo de tres meses n Política Social contará con 51 profesionales más para realizar los exámenes

19.05.2018 | 01:27
Una mujer mayor camina con ayuda de un andador.

La legislación actual establece en un máximo de tres meses el plazo para que un ciudadano que demande el reconocimiento de algún tipo de discapacidad conozca si la Xunta estima que cumple o no los requisitos para recibir ese trato. A partir de un 33% de discapacidad, se obtienen una pensión o determinados beneficios por parte de la administración. Sin embargo, la media de espera en Galicia roza el año e incluso se superan los doce meses en algunas áreas. Por ello, la Xunta pretende reducir esas demoras incrementando los equipos destinados a realizar estos exámenes -51 personas más que supondrán un millón de euros- durante lo que resta de año y reduciendo la burocracia.

La Valedora do Pobo ya instó a la Xunta a reducir esta lista de espera, pero hasta el momento las medidas aplicadas, como ofrecer horas extra a médicos del Sergas para realizar estas pruebas en abril del año pasado, no han funcionado. "Una administración responsable tiene que paliar esta situación", expuso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello de ayer.

Los equipos dedicados a realizar estos exámenes pasarán de 19 a 33, según anunció el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela. De los nuevos, seis estarán en Pontevedra, cuatro en Vigo y uno en A Coruña, Lugo, Ferrol, Lugo y Ourense. En total, sumarán 51 personas: 16 médicos, 15 psicólogos, catorce trabajadores sociales y seis auxiliares. El objetivo es poder cumplir el plazo legal de tres meses.

Rey Varela vinculó el incremento de las demandas de declaración de discapacidad con el progresivo envejecimiento de la sociedad gallega, en la que el 25% supera los 65 años de edad, añadió.

Para reducir esperas también se aligerará la burocracia actual para presentar la solicitud de reconocimiento de discapacidad, simplificando, por ejemplo, el formulario inicial. Toda la documentación en manos de la administración autonómica no deberá presentarse de nuevo, añadió Rey Varela. Por ello, no será necesario un informe médico adicional, pues desde septiembre el personal de Política Social tiene acceso a los datos del sistema sanitario gallego. También se recurrirá a la historia social única.

Además, se reconocerá de forma automática el 33% de discapacidad a aquellas personas a las que la Seguridad Social les haya reconocido una pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez, según el Ejecutivo.

Por último, se dará prioridad en los exámenes de valoración a los enfermos de ELA (Escleroris Lateral Amiotrófica), al igual que a las víctimas de violencia de género, menores de edad y mayores de 90 años, de la misma forma que se priorizán las solicitudes de pensiones no contributivas.

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