La ONU y la OCDE manifestaron en sendos informes este mismo año su preocupación por la pobreza infantil en los países ricos. La OCDE lo hizo la pasada semana en un informe en el que insta a las economías ricas a incrementar su inversión en este área. La ONU dirigió un informe expresamente a España el pasado mes de enero expresando su inquietud por esta materia.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró ayer que la Presidencia del Gobierno albergará un Comisionado contra la Pobreza Infantil que dependerá así de forma directa de Pedro Sánchez. Concretamente, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas remitió el pasado enero al Gobierno un documento en el que hablada de "seria preocupación" por la baja inversión que España realiza en protección de la infancia, y que "ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad". Es una de las conclusiones del informe sobre el cumplimiento en España de la Convención de los Derechos del Niño que la ONU remitió al Ejecutivo español tras examinar sus políticas con una sesión en Nueva York.
El texto denunciaba "el impacto negativo de los recortes en inversión pública para la implementación de la Convención, particularmente en niños con discapacidad o en situación de marginalidad (...) y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social". "El Comité está seriamente preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la media europea", señalaba.
El documento avisaba de que resultaba "además preocupante" el impacto "negativo" que ha tenido la crisis económica en los sistemas de protección social, que han resultado insuficientes para responder con prestaciones a los niños y sus familias, "especialmente en el nivel autonómico", donde además, hay "casos de niños viviendo en chabolas e infraviviendas, especialmente de la etnia romaní y de origen migrante". Es por ello que el Comité urgía a España a tomar medidas para que todas las comunidades autónomas realicen una evaluación integral de las necesidades presupuestarias de la infancia a fin de redistribuir los recursos para responder correctamente a los derechos de los niños e incrementar los destinados a educación y provisión de servicios públicos.
