12 de junio de 2018
12.06.2018

El PP cierra la puerta a regular la custodia compartida en Galicia

Desiste de fijar por ley que esta sea la fórmula prioritaria en caso de divorcio ya que las autonomías no tienen competencias para ello

12.06.2018 | 01:44

El PP dio ayer el portazo definitivo a la proposición de ley de iniciativa popular para legislar en Galicia sobre la custodia compartida. La comunidad no tendrá una regulación específica sobre esta figura y por tanto no se implantará como fórmula prioritaria en las rupturas de parejas con hijos. El Partido Popular registró ayer en la Cámara las enmiendas pertinentes para hacer decaer esta iniciativa y cerrarle el paso en la tramitación parlamentaria tras apoyarla inicialmente. El cambio de criterio se debió, en todo caso y como el propio PP había advertido desde el principio, a que la Comisión Superior para o Estudo e Desenvolvemento do Dereito Civil de Galicia ha concluido que Galicia no tiene competencias para desarrollar una legislación sobre corresponsabilidad parental.

Con este dictamen sobre la mesa, el grupo mayoritario ha decidido frenar la tramitación a pesar que estaba convencido de que la custodia compartida era la mejor fórmula para los hijos en caso de separación de los padres. Pero seguir por ese camino, el de aprobar una legislación autonómica, supondría incurrir en una cuestión de inconstitucionalidad. Por eso, ahora, explorará otras vías. De hecho, la viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, anunció ayer que su grupo presentará una proposición no de ley para pedir al Gobierno central que regule la custodia compartida ante la falta de competencias de la Xunta.

Prado indicó que esta nueva iniciativa -alternativa a la intención inicial de legislarla en Galicia- se desprende del informe de la Comisión do Dereito Civil de Galicia en el que se deja patente que la comunidad "no tiene competencias para regular esta materia" y que debe ser el Gobierno central quien lo haga.

La viceportavoz del PP justificó esta decisión de anular la proposición de ley de iniciativa popular con el propósito de no generar "falsas expectativas" a las familias que atraviesan un proceso de separación, ya que sería una "irresponsabilidad" mantener vigente una legislación que no fuese válida.

Tanto el PP como la Xunta eran partidarios de legislar en este sentido, pero querían saber si entraba dentro de las capacidades legales de la comunidad. El PSOE también se mostró a favor de ello, consciente además de que quizás Galicia no tendría competencias para ello. Para aclarar esta incertidumbre se pidió un informe a la Comisión de Dereito Civil, que debía determinar si la proposición de ley referida a la corresponsabilidad parental tendría "encaje en las competencias autonómicas o correspondería al ámbito estatal".

El informe fue negativo, tras lo que la Administración gallega argumentó que la Constitución confiere a las comunidades con derechos especiales la posibilidad de conservar, modificar y desarrollar su derecho propio, pero "no de forma ilimitada".

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