La Audiencia Provincial de Navarra decretó ayer libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de La Manada, condenados el pasado mes de abril a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales en grupo a una joven en los sanfermines de 2016. La condena por abuso sexual ocasionó manifestaciones multitudinarias en todo el país por no considerarlo una agresión sexual o violación (cuya pena asciende a 22 o 25 años de prisión). Al conocerse la decisión de la Audiencia, ayer varios colectivos feministas se movilizaron en toda España y hoy están previstas nuevas concentraciones en las principales ciudades.

La decisión de dejar en libertad provisional a los cinco condenados, no ha salido adelante por unanimidad, como ocurrió en el caso de la condena. El presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, fue la voz discordante al defender la prórroga de la prisión provisional hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por todas las partes y la sentencia sea firme. El juez Ricardo González -que pidió la absolución de los miembros de La Manada en el fallo condenatorio- apoyó la libertad provisional y también Raquel Fenandino, aunque ella, en la anterior ocasión, estuvo a favor de la condena a los jóvenes sevillanos.

La decisión del tribunal llegó en el momento en que está a punto de vencer el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional. Una vez cumplido este plazo, no existe una obligación legal de ponerlos en libertad pero sí se contempla la revisión del caso para decidir su ampliación o su puesta el libertad provisional.

Los condenados José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, que se encuentran en la cárcel de Pamplona, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, de la prisión de Alcalá Meco, conocieron ayer su puesta en libertad con fianza y una serie de medidas cautelares. El tribunal les impone la obligación de comparecer los lunes, miércoles y jueves en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio. Además, les prohibe entrar en la Comunidad de Madrid, lugar donde reside la víctima, o comunicarse con ella. La decisión del tribunal se sustenta en que no estiman que exista un riesgo de fuga o reiteración delictiva. El abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, se mostró satisfecho con la decisión: "se ha hecho justicia" y afirmó que ellos están "contentos de regularizar sus vidas".

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, admitió ayer que existe un déficit en el mundo de la Justicia sobre formación de perspectiva de género y de víctima y apostó por trabajar para revertir esta situación, para lo que apuesta por "reformas mentales" más que modificaciones sobre leyes. Antonio Bermúdez de Castro, del PP, indicó que la línea del partido es "respetar las decisiones judiciales, gusten más o menos". Podemos denunció que "el sesgo machista de la justicia golpea de nuevo a las mujeres". Albert Rivera, declaró que "es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme". Por último Izquierda Unida manifestó su "estupor y rechazo absoluto a la decisión".