Una campaña de prevención del acoso sexual en el trabajo tutelará a las mujeres víctimas en empresas de menos de diez trabajadores, puesto que estas pequeñas entidades "carecen de recursos y de estructuras internas" para iniciar investigaciones y actuar en este mbito.
Así lo ha explicado la responsable de la Asociación Gallega de Auditores Socio-Laborales, María Ángeles García, durante la firma del convenio con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho, por el cual se pone en marcha esta iniciativa.
En concreto, la campaña incidirá en más de 70.000 profesionales agrupados en 40 colegios agrupados en la Unión Profesional, de modo que pondrá en marcha un protocolo para que esta organización "analice los indicios" de las situaciones de acoso en las empresas y, según ha indicado García, "emita un informe" al respecto.
Por su parte, Macho ha reafirmado la "implicación y compromiso" del colectivo que preside, que asumirá el "protagonismo" en la lucha contra esta "lacra" social en "todo el tejido productivo" gallego.
Durante su intervención, el vicepresidente de la Xunta ha asegurado que esta campaña "vuelve a situar a Galicia a la cabeza en medidas por la igualdad real entre hombres y mujeres", si bien ve "necesario" que la sociedad civil colabore.
"Las administraciones públicas tienen la labor de implicarse un poquito más y ser conscientes de su responsabilidad ética para frenar las desigualdades y la pérdida del futuro" de las mujeres víctimas, tal y como ha apuntado Rueda.
Una forma de violencia
En este sentido, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, ha asegurado que la firma de este convenio "pone en marcha" a nivel autonómico el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en septiembre de 2017.
Así, Carmona ha recordado que el acoso sexual en el ámbito laboral es, "sin duda", una forma de violencia y también una "violación" del derecho a un trabajo digno que recoge el artículo 35 de la Constitución española.
Por ello, ha pedido la implicación de "todos los sectores de la sociedad" para decir "no" a esta problemática, al tiempo que ha valorado que, gracias al convenio firmado este lunes, las mujeres "tienen un sitio a donde acudir" y pueden "normalizar sus vidas una vez se realice la denuncia".
