Llevar un mínimo de 90 días empadronado en España o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe social son las condiciones que tendrán que cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles. Esta es la propuesta que presentó ayer la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a las comunidades y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los sin papeles (unos 840.000).

Montón quiso que su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como ministra estuviera dedicado exclusivamente a recuperar la universalidad de la sanidad pública, reunión que fue criticada por los consejeros del ramo del PP al considerarla "demagógica" por ser una cuestión que ya habían resuelto las comunidades.

Con estos requisitos, un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social, Sanidad quiere garantizar que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite quede desatendido. La ministra admitió que tras la reforma del PP las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".

Galicia fue una de las autonomías que mantuvo la asistencia sanitaria a todos aquellos inmigrantes que cumpliesen ciertos requisitos como no superar el Iprem y llevar medio año empadronados en la comunidad. En la actualidad, el Sergas presta atención sanitaria a 8.240 inmigrantes en situación irregular.

La reforma planteada por el nuevo Ministerio de Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.

Las comunidades gobernadas por el PP han criticado la ausencia de una memoria económica, porque, según sus estimaciones, volver a atender a los inmigrantes en situación irregular tendría un coste de 1.200 millones de euros.