Evaristo Varo, uno de los médicos que acudió este miércoles a declarar en el marco de la causa abierta por el suministro de la Hepatitis C y en la que permanecen investigados dos altos cargos del Sergas, ha ratificado ante el juez instructor que "no se contestaba a las peticiones" de los médicos para aplicar una medicación que acaba de comercializarse.
Tras prestar declaración durante casi dos horas como testigo ante el instructor de la causa --el juez del número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro--; el jefe del Servicio de Trasplante Abdominal del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha mostrado, en respuesta a Europa Press, su "satisfacción por poder decir lo que ocurrió, en primera persona" el servicio del que él forma parte.
El también integrante del colectivo de médicos Batas Blancas --que denunció en su día la situación-- ha respondido a las preguntas de Fiscalía, juez, acusación y defensa de los dos investigados por homicidio imprudente del Sergas, Félix Rubial y Carolina González-Criado.
En este sentido, Varo ha explicado que las peticiones que hacían los médicos a la comisión de evaluación que determinaba en qué casos se aplicaban los nuevos medicamentos "no se contestaban".
Además, ha indicado que, mientras que el Ministerio de Sanidad definió "tres supuestos claros" en los que se debía aplicar los nuevos medicamentos, el Sergas "estableció criterios arbitrarios" y "quitó dos", mientras en "la mayoría de comunidades" se aplicaban esos criterios definidos.
Otra testigo, este jueves
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que la instrucción de la causa ha emprendido la fase final del proceso y se podrá cerrar la fase actual tras practicar las últimas pruebas pendientes. Una de ellas es la declaración pendiente de la médico del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Alejandra Otero, que presta declaración este jueves en el juzgado.
Tanto la declaración de Otero como la de Varo habían sido suspendidas el pasado mes de febrero como consecuencia de la huelga de funcionarios de la Justicia, si bien sí declararon entonces familiares de enfermos, algunos fallecidos.
Doce personas en la causa
La Fiscalía denunció en una querella que los altos cargos investigados "tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación" la facilitación de nuevos tratamientos contra la hepatitis C a pacientes gallegos, algo que, apuntó en su escrito inicial, se realizó por "criterios presupuestarios".
De los nueve casos iniciales, ocho se correspondían con fallecidos y, de ellos, seis fueron incluidos en la investigación judicial. Además, hubo una ampliación con otros tres casos de personas enfermas, que también están incluidas en la causa.
Inicialmente, Lago Louro llamó a los miembros del Sergas a declarar en abril de 2016 solo como investigados por un delito administrativo, pero en diciembre de ese año la Audiencia Provincial de A Coruña emitió un auto en el que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, y acordó citarlos de nuevo, en febrero de 2017, por un supuesto de delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluía la causa.
En el mes de junio de 2016, el instructor de la causa declaró compleja la instrucción, en la que también se indaga un supuesto delito de prevaricación al respecto de la dispensación de los nuevos tratamientos de la Hepatitis C. En esa mismo mes, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, sostuvo que "lo lógico sería que fuese archivado" el caso.
