La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, incidió ayer en su propuesta de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento para vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso, de tal forma que "si una mujer no dice 'sí' expresamente, todo lo demás es 'no". Esta es una de las propuestas en las que ahondó Calvo durante su comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso, en la que abundó en la necesidad de hacer reformas en este sentido para garantizar que los tipos penales no se pongan "en riesgo" a través de la interpretación de los jueces.
"Ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad y el respeto a su persona y a su sexualidad", defendió Calvo, quien subrayó las reformas que se han realizado en países como Suecia o que se están poniendo en marcha, como en Alemania, para mejorar la seguridad de las mujeres.
Calvo comenzó su intervención haciendo alusión al drama de la violencia machista El Gobierno quiere que la sociedad perciba toda su dimensión y por eso dejará de contabilizar a las fallecidas por maltrato de forma anual y lo hará globalmente, es decir desde que hay estadísticas. Son 945 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2005.
"Con una sola ya es una tragedia, pero son 945 desde que tenemos estadísticas", dijo Calvo, quien aseguró que el Gobierno hará un "esfuerzo presupuestario" para dotar de mayor financiación a los ayuntamientos en la lucha contra el maltrato y convertirlos en lugares que amparen "rápidamente" a las mujeres víctimas de maltrato. Calvo reconoció que los 20 millones de euros dedicados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia machista "son escasos".
"Nos disponemos a hacer un esfuerzo presupuestario mayor del que existe" y que estaba contemplado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, decisión que el Gobierno toma "con la total buena voluntad política y personal" y en coordinación con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos y que se materializará en la conferencia sectorial prevista para este mes de julio.
Competencias
El objetivo del Ejecutivo, explicó, es la "devolución de las competencias a los ayuntamientos" y que estos sean el "lugar de amparo cercano" de muchas mujeres que "no saben dónde acudir", para lo cual considera necesario centrar en estas instituciones las políticas de auxilio, con políticas sociales "fortalecidas" y dotadas de recursos económicos para tomar las "primeras decisiones".
Otra de las decisiones del Gobierno, según señaló, será elaborar una futura ley de trata contra los secuestros organizados, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual ya que, según dijo, las cifras son "escandalosas".
