Los juristas ven "inviable" la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que cualquier acto sexual sin un sí "Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", explicó Calvo, pero "¿cómo se demuestra esto", se plantean los abogados especialistas. Coinciden en que esta reforma responde más a una decisión política que jurídica.
"La propuesta del gobierno no se puede llevar a cabo; jurídicamente es muy difícil articular esto" cree Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal y experto en género. El Código Penal español ya recoge en la actualidad que la falta de consentimiento conlleva delito sexual pero no se pronuncia sobre cómo determinarlo. Aunque exista un artículo que exige la existencia de un sí expreso para mantener relaciones sexuales, después se puede cambiar de opinión.
Sobre esta cuestión reflexiona la abogada penalista María Escanciano: "Es la palabra de uno contra la del otro porque una relación puede empezar de forma consentida pero luego no, ¿Cómo lo demuestras". En temas así "no hay testigos directos por lo que el juez será el que tenga que decidir", considera Escanciano. Para ella, la intención del Gobierno de eliminar la interpretación de los jueces en este tipo de delitos pierde su sentido con esta reforma.
La sexóloga y psicóloga Nayara Malnero cree que la única forma de demostrar un consentimiento "explícito" es mediante un contrato, como el que llevan a cabo quienes realizan prácticas sadomasoquistas o intercambios de pareja. "Tiene su lógica pero en prácticas sexuales más usuales termina con la erótica y la seducción", apunta Malnero.
La especialista en derecho penal y una de las fundadoras de la Asociación de Juezas de España, Carla Vallejo, matiza el tema: "No se trata de que el acusado tenga que demostrar que la víctima dijo que sí, sino que cuando no puede expresar un 'no' no quiere decir que sea un 'sí' como ocurrió en el caso de La Manada".La Manada
Queja de los magistrados
Más de 750 magistrados españoles presentaron una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos al interpretar una "gravísima amenaza" contra la independencia judicial del tribunal que lleva el caso de La Manada.La Manada.La Manada
Los magistrados denuncian un "linchamiento público" y critican la "presión social" contra el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que lleva el caso. "Nos encontramos desprotegidos ante las interferencias del ejecutivo y del poder legislativo", reza la nota remitida al órgano europeo, en la que piden que éste se pronuncie sobre si la reacción del gobierno a la sentencia supone un "ataque a la independencia y la legitimidad del poder judicial".
