Los cinco miembros de La Manada seguirán en libertad provisional después de que la Audiencia de Navarra desestimase ayer los recursos de las diferentes acusaciones reclamando su reingreso en prisión. Sobre los jóvenes sevillanos, que están condenados a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales continuados tras forzar a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, se mantienen las medidas cautelares: obligación de presentarse tres días a la semana en los juzgados de su localidad de residencia, retirada del pasaporte, y la prohibición de entrar en la comunidad de Madrid, donde reside la víctima, y de tratar de comunicarse con ella.

El auto considera que las medidas cautelares son garantía suficiente para evitar tanto la reiteración delictiva como un posible riesgo de fuga. Los dos magistrados que firman el auto inciden además en que el paso por prisión de los cinco jóvenes sevillanos ha tenido "a buen seguro" un "efecto disuasorio", aunque se descarta reflexionar sobre el hecho de que cuatro de los cinco condenados están siendo investigados por otro caso de abusos en la localidad de Pozoblanco. En la decisión de los magistrados también pesa el que no pese una condena en firme sobre los sevillanos, argumentando que la prórroga de una prisión provisional no puede perseguir un fin "meramente punitivo o de anticipación de la pena".

El auto cuenta con el voto discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, quien incide en "las características y la gravedad del delito" y defiende que la prisión provisional constituye "pese a su excepcionalidad, un medio constitucional indispensable para posibilitar la administración de justicia penal".

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez, considera que esta decisión supone "un cierto varapalo" para la Fiscalía y para las acusaciones particulares del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y los representantes legales de la víctima. El consistorio pamplonés ya anunció que recurrirá el auto, y el gobierno autonómico lo está estudiando.

A juicio de Martínez, la decisión de los magistrados era "esperada", aunque asegura que el auto "desacredita de manera sorprendente" las alegaciones recogidas en los recursos. "No había causa en sus argumentos para que el tribunal cambiara su criterio", afirma el letrado. En cuanto a sus defendidos -José Ángel Prenda, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero-, Martínez segura que actúan "responsablemente" para cumplir con las medidas cautelares.

Respecto al quinto condenado, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero -defendido, en este caso, por el abogado Jesús Pérez- está a la espera de que se resuelva su situación legal, después de que intentase renovar su pasaporte contraviniendo las medidas cautelares.