La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a noventa medios de información impresos, digitales y audiovisuales, ha mostrado su "más contundente rechazo hacia los paros realizados por los transportistas autónomos contratados por el grupo Boyacá para prestar el servicio de reparto de prensa y revistas en la Comunidad de Madrid". Un boicot que ha impedido la normal distribución de la prensa en esa autonomía desde el sábado.
El origen del conflicto es el próximo vencimiento, en concreto el 30 de agosto, de diversos contratos que el grupo Boyacá mantiene con sus operarios. Los afectados han iniciado una serie de protestas contra la medida, incluyendo un boicot al reparto de prensa que han tratado de imponer mediante amenazas e incluso con actos violentos contra los transportistas. En las primeras jornadas del boicot se presentaron más de treinta denuncias por amenazas y agresiones, y la Policía Nacional ya ha detenido a tres personas implicadas en las protestas.
Ante la gravedad de los hechos, la AMI recuerda en un comunicado que "la libertad de información, pilar básico de toda democracia, constituye un derecho constitucional que ha de respetarse y garantizarse en cualquier circunstancia". Por ello, la asociación "condena de forma enérgica la violencia ejercida por los repartidores de prensa para impedir la distribución a los puntos de venta y lamenta el grave perjuicio que genera tanto al sector como a la sociedad civil".
Sobre las causas del boicot, la AMI incide en que "el incumplimiento de los contratos vigentes por parte de los repartidores de prensa priva de toda legitimidad a sus reivindicaciones y, en ningún caso, puede ser una vía para resolver un conflicto empresarial si se aplica de forma coercitiva, se cercena además el trabajo realizado por los medios de comunicación impresos y se vulnera, de forma flagrante, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información".
"Resulta inaceptable", continúa la AMI, "que, ante el inminente vencimiento de los contratos vigentes, los transportistas pretendan imponer por la fuerza, la amenaza, la intimidación y medios ajenos al estado de derecho un nuevo contrato en condiciones privilegiadas".
