02 de agosto de 2018
02.08.2018

La Xunta atendió en 2017 el doble de quejas de dependientes descontentos con las ayudas

Compensó en 4 años a 900 familias de mayores que murieron sin recibir la prestación

02.08.2018 | 00:53
Una mujer camina por un parque apoyada en un andador.

Se resolvieron 1.771 reclamaciones el año pasado - Política Social justifica el incremento en que reforzó los medios humanos para agilizar la tramitación de los recursos

Tras pasar meses pendientes de una ayuda a la dependencia cuando finalmente se concede, las familias se encuentran en ocasiones con que no se ajusta a lo que esperaban. En este caso cabe presentar un recurso administrativo. La Consellería de Política Social resolvió el pasado año 1.771 reclamaciones de dependientes descontentos con la valoración que se hizo de su grado de dependencia o con las prestaciones que les concedieron. Se trata del doble de las quejas atendidas en 2016. Según justifican desde el departamento que dirige José Manuel Rey Varela, se debe "al refuerzo de medios humanos realizado" desde la consellería para agilizar la tramitación de estos recursos.

El año 2014 marcó, sin embargo, un punto de inflexión en la atención a la dependencia puesto que se empezaron a aplicar en Galicia los recortes a las ayudas siguiendo las directrices del Gobierno central. Desde entonces las quejas de dependientes fueron a más. En los últimos cuatro años la Xunta atendió ya más de 6.200 recursos.

Si bien en 2017 se resolvieron un total de 1.771 reclamaciones, estas no son todas las que la Xunta tiene sobre la mesa puesto que algunas aún esperan a ser tramitadas. De hecho, cada año se reciben nuevos recursos. Por ejemplo, en 2017 entraron 626 nuevas quejas. "El número de recursos resueltos es superior porque se incluyen los presentados en años anteriores y que estaban pendientes", aclara la Xunta.

Según explica Política Social, los principales motivos para la presentación de estos recursos son "discrepancias en el grado de la dependencia y del recurso disponible identificado como adecuado para caso".

Cuando se pide una ayuda el primer paso es evaluar el grado de dependencia de la persona que lo solicita. Pueden ser clasificados como de grado I (leve), grado II (moderado) y grado III (severo). Algunos de los recursos que llegan hasta la consellería están precisamente relacionados con el desacuerdo de los afectados en esta evaluación, básicamente porque a mayor grado de dependencia tendrán derecho a más ayudas.

Precisamente fue a partir de 2014 cuando se cambió la clasificación de dependientes, eliminándose los niveles en los que se dividía cada grado, lo que en la práctica supuso introducir criterios más restrictivos para tener derecho a la ayuda máxima. Además para calcular el copago, es decir la aportación económica de los usuarios, se empezó a tener en cuenta la totalidad de su patrimonio y no de su renta.

Y el otro motivo de queja de los dependientes está relacionado con el tipo de ayuda que se les ofrece. Los servicios sociales proponen a la familia el recurso que ellos consideran más adecuado: una plaza en una residencia, en un centro de día, una ayuda económica para que un familiar lo cuide en casa... Sin embargo, la propuesta de los técnicos no siempre satisface a la familia y es entonces cuando presentan recurso.

Política Social no aclara, sin embargo, cuántos recursos se resuelven a favor de de los dependientes y cuántos en contra y alegan que no disponen de una estadística al respecto.

Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales apuntan que otra posible causa es el incumplimiento en los plazos de atención. De hecho, el Consello de Contas denuncia que los dependientes tardan casi dos años en acceder a una plaza en un centro de mayores, por encima de la que fija la ley.

Los recursos administrativos no son el único medio que tienen los dependientes de mostrar su descontento con las ayudas. Si consideran que su estado se ha agravado o que tienen derecho a un mayor apoyo pueden simplemente pedir una revisión tanto de su grado como del programa de atención propuesto por los servicios sociales. Y si todo esto falla, pueden acudir a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó, de hecho, en 2016, una condena contra la Xunta por rebajar el grado de dependencia que había reconocido previamente a un ciudadano cuando éste le pidió que se lo revisase al alza porque su estado de salud se había agravado.

La Xunta compensó en 4 años a 900 familias de mayores que murieron sin recibir la prestación. El aumento de la cifra de mayores que viven sin apoyo familiar dispara un 20% la tramitación de las ayudas de urgencia.

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