La espera hasta beneficiarse de la ayuda a la dependencia es tan larga que a veces los dependientes mueren antes de que se resuelva su situación. En este caso, la familia puede reclamar a la Xunta las cuantías económicas que le hubieran correspondido al enfermo si se hubiesen cumplido los plazos fijados por ley, un máximo de seis meses desde que se presenta la solicitud. En los últimos cuatro años la Consellería de Política Social abonó estas compensaciones a casi 900 familias. Solo en 2017 se reconoció el derecho a cobrar con efecto retroactivo a un total de 157 parientes de dependientes que no pudieron beneficiarse de las ayudas económicas a la dependencia por la dilación de la Administración.

En todo caso, aunque solo se reconocieron estos casos, son más las familias que han reclamado a la Administración autonómica el pago de las ayudas de dependientes que fallecieron en lista de espera. Y así se demuestra en los recursos presentados contra las negativas de la Xunta a abonar estas prestaciones: desde 2014 la consellería atendió 328 un total de reclamaciones por esta razón.

Política Social contempla, en todo caso, una vía de urgencia para atender a aquellos mayores que necesitan cuidados y no disponen de recursos o familiares que los puedan atender.

Y cada vez se recurre más a este procedimiento de emergencia. En 2017 un total de 866 gallegos se beneficiaron de ayudas en un plazo límite de cinco días, un 20% más que el año anterior.

Este procedimiento de urgencia está pensando para supuestos de "emergencia social" y consiste en que se valora al dependiente en un plazo de 48 horas y en otras 72 horas hay que asignarle un recurso, normalmente una plaza en una residencia.

El incremento de esta vía de urgencia para atender a dependientes está relacionado con un incremento en el número de mayores que viven solos o que no tienen ningún apoyo familiar que se haga cargo de ellos.