Las asociaciones judiciales alertan de que el real decreto ley por el que se amplían las formas de acreditar la condición de víctima de violencia machista, aprobado por el Gobierno el pasado 3 de agosto, supone una intromisión en sus funciones, pues deja en manos de la Administración lo que es competencia de un juez. Una sensación unánime entre las cuatro asociaciones de jueces, que ven con temor cómo se abre la puerta a otros agentes sociales para que tomen decisiones de especial transcendencia que deberían ser labor exclusiva de los magistrados.

No entienden por qué se han modificado con tanta urgencia varias leyes orgánicas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos sin el necesario consenso del Parlamento. Hasta ahora, solo una resolución judicial o un informe de la Fiscalía podía acreditar una situación de violencia de género y, por tanto, la condición de víctima; con el polémico real decreto ley también se puede determinar con un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia machista.

Es decir, según explica Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, "se deja en manos de las administraciones la decisión de qué es y qué no es una víctima de violencia de género cuando debe ser el juez en un procedimiento judicial quien lo determine". Esta asociación cree que el decreto ley no ha sido "meditado" ni "debatido" en profundidad y por ello pide al Gobierno que lo retire y confía en que la oposición no lo ratifique en el Congreso.

Aunque en general las asociaciones apoyan la necesidad de que se amplíe el significado de víctima de violencia de género, no entienden ni la prisa ni la forma de hacerlo. Al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, es algo que no le "encaja del todo". "Colocar en el mismo plano un informe y una sentencia no es de recibo", señala Rodríguez, que cree que hay muchos derechos fundamentales en juego, incluido el de la presunción de inocencia.

Con similar preocupación acogen desde la asociación Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente la modificación por la que los menores expuestos a violencia de género no necesitan el permiso del padre para recibir atención psicológica. "Afecta a la patria y potestad", señalan.