El Gobierno afirmó ayer que no es "difícil" anular el nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), cuya creación aprobó "por error" el Ministerio de Trabajo. "Este Ejecutivo no acepta de ninguna de las maneras un sindicato así", señaló ayer la portavoz de la Gobierno central, Isabel Celaá, quien aseguró que existen varías vías para impugnarlo y que se optará "por la más rápida". Mientras, desde el propio sindicato se pidió la "dimisión en bloque" del Ejecutivo de Pedro Sánchez por no permitirles tener "los mismos derechos laborales" que el resto de la sociedad.
"La Abogacía del Estado se ha puesto a estudiar ya cómo arreglar está situación", aseguró Celaá tras el Consejo de Ministros, para después apuntar que existen varias vías para hacerlo pero se elegirá "la más rápida". La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, pidió ayer a la Abogacía que estudiase e iniciase "todos los trámites pertinentes" para declarar nula de pleno derecho la resolución que autoriza la creación de este sindicato, añadió al tiempo que aseguró que desconocía "por completo" su publicación. "Este Gobierno no acepta de ninguna de las maneras un sindicato así", remarcó Celaá, que no precisó si el Ejecutivo se plantea ilegalizar la prostitución en España. Según indicó, este asunto "no se ha tratado" en la reunión del Consejo de Ministros.
Por su parte, el primer sindicato de trabajadoras sexuales creado en España reclamó ayer para su colectivo "los mismos derechos laborales" que el resto de los trabajadores, arremetiendo contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez por querer impugnar su constitución. "Las trabajadoras sexuales merecemos los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española, ni uno más. Pero tampoco consideramos quedarnos con uno menos", afirmó la secretaria general del sindicato Otras, Conxa Borrell.
En una improvisada rueda de prensa en Barcelona, Borrell llegó a reclamar la dimisión del gobierno que anunció el jueves su voluntad de impugnar el sindicato que había sido aprobado por su propia administración durante las vacaciones. La abolición de la prostitución que defiende el ejecutivo de Sánchez "esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadores sexuales", aseguró Borrell.
"Es posible que algunos con una posición acomodada en el Gobierno enmascaren tras la intocable tela del feminismo blanco, heterosexual y burgués que demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad", argumentó.
"Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia", dijo la portavoz del sindicato, señalando que para su colectivo tener derechos laborales como un contrato, sueldo fijo, bajas por enfermedad o maternidad, vacaciones o jubilación es "una utopía".
