11 de septiembre de 2018
11.09.2018

La Iglesia advierte de que detallar sus bienes al Gobierno puede afectar a su acción social

Los obispos denuncian una "desamortización encubierta" por parte del Ejecutivo de Sánchez, que reclamará las propiedades públicas registradas por la institución

11.09.2018 | 01:10
Vista exterior de una iglesia parroquial de Coirós.

El Gobierno reclamará los bienes de dominio público que la Iglesia católica española haya puesto a su nombre en las últimas décadas. A ello se compromete en una respuesta dada en el Congreso al diputado socialista Antonio Hurtado, que se interesaba por el destino de "unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia". El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, avisó ayer de que la medida que prevé llevar a cabo el Ejecutivo parece "una desamortización encubierta" que puede ir "en detrimento de la acción social" de la institución eclesiástica

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, avisó ayer de que la intención del Gobierno de detallar sobre qué bienes inmatriculados por la Iglesia tiene derecho el Estado parece "una desamortización encubierta" que puede ir "en detrimento de la acción social de la Iglesia", pues algunos de esos bienes los utilizan para atender a los pobres.

"No queremos despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo que haga ahora también una desamortización reivindicando qué es dominio público. Hay un derecho de la propiedad, y puede ser sujeto de ese derecho una persona individual o entes colectivos, en este caso, la Iglesia", defendió.

En todo caso, el portavoz de los obispos aseguró que aunque el Gobierno quiere poner "en negrita" el número de bienes inmatriculados por la Iglesia, están "muy tranquilos" porque saben que "no se ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente". "Lo que ha hecho la Iglesia es, cuando ha sido posible por la legislación, inscribir en el registro aquellos bienes que de manera secular ha poseído", explicó, al tiempo que puntualizó que el proceso de inmatriculación "no es en ningún caso un mecanismo de adquisición de la propiedad".

Gil Tamayo añadió que tienen "una confianza infinita en la Justicia española, en caso de conflicto o de dudas" y pidió que se cumpla la legislación "desde lo más básico: el derecho a la propiedad". "Vivimos en un Estado Democrático de Derecho, de defensa de libertades y derechos y, al mismo tiempo, nuestro ordenamiento ofrece posibilidades de defensa y, segundo, el marco europeo nos da una tranquilidad gigante", subrayó.

En este sentido, agregó que defenderán sus derechos como administradores de dichos bienes, los cuales, según precisa, "aportan a la economía más de 22.000 millones de euros al año, un 2% del PIB". También destaca que son de "un enorme interés social" desde el punto de vista cultural pero también para la atención a la comunidad y a los más necesitados.

"Son bienes con un enorme interés social, no son bienes para uso y disfrute solo de los católicos, desde el patrimonio histórico artístico hasta para el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa, el despliegue cultural, para la atención a la comunidad y, sobre todo, en el sentido de opción preferencial para los más pobres. Una de las consecuencias de desamortizar sería en detrimento de la acción social de la Iglesia", advirtió.

Aunque la Conferencia Episcopal "no tiene ningún registro" de los bienes, según señaló Gil Tamayo, recordó que hay más de 20.000 parroquias en España, por lo que el número de templos será igual a esa cifra y a ellos hay que sumar las casas parroquiales.

"Depuración"

El diputado socialista Antonio Hurtado explicó ayer que "estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución". Tras la elaboración del listado de los bienes que está realizando el Ministerio de Justicia, si se constata que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, se procederá a "una depuración física y jurídica".

Esta "depuración" se hará conforme al "derecho sustantivo material", que a su vez está sometido a los principios constitucionales de "inalieanabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad de los bienes de domino público", según figura en la respuesta parlamentaria del pasado día 5, adelantada ayer por la Cadena Ser.

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