Cambiar los "aspectos más lesivos" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) antes de Navidad. Este es el objetivo que se ha fijado el Ministerio de Educación, anunciado ayer por la titular de la cartera, Isabel Celaá, que anunció que llevará al Consejo de Ministros la reforma para modificar la ley de educación aprobada en 2013 por el Gobierno del PP. Los puntos clave enumerados por la ministra de Educación son: un nuevo modelo de becas, reformular el artículo sobre la demanda social en la escuela concertada, la reducción de las horas lectivas o la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares.

"Ahora mismo estamos ajustando redacciones alternativas de aquellos aspectos que nos parecieron que más vulneraban la igualdad de oportunidades y cuando lo tengamos nos pondremos a hablar con los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas y con otros agentes sociales", explicó Celaá en Madrid. Anunció también que el Ejecutivo convocará un foro de expertos para recoger aportaciones que se concreten en un acuerdo sobre la profesión docente antes de que finalice la legislatura.

Becas para el curso 2019/20. La ministra expresó que el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio creado en 2010 se reunirá este mes para elaborar un nuevo modelo de becas y ayudas al estudio para el próximo curso 2019/2020. Con ello pretende corregir la "profunda reforma de 2013". "Una de las consecuencias fue la disminución de las cuantías recibidas por estudiantes pertenecientes a familias con menor nivel de renta", dijo la ministra. Puntualizó que, en algunos casos, la caída de la cuantía llegó al 30%.

La concertada "quedará como está". El Gobierno pretende modificar el artículo 109.2 de la Lomce, que introdujo el concepto de "demanda social" para el diseño de la escolarización en los nuevos desarrollos urbanísticos. "Vamos a buscar una reformulación de ese artículo", detallo Celaá, si bien especificó que el cambio de este artículo no perjudicará a la concertada. "La escuela concertada quedará como está", aseguró la ministra.

Horas lectivas en manos de las comunidades. El Pleno del Consejo Escolar aprobó ayer por mayoría un informe en el que recomienda al Gobierno que establezca un máximo de 23 horas lectivas en Infantil y Primaria y 18 horas en Secundaria. El Consejo Escolar sugiere también en su informe que haya "una homogeneización" en el número de horas de clase de los docentes para evitar desigualdades entre el profesorado. El establecimiento de un "máximo" de horas lectivas no está recogido en el anteproyecto del Gobierno, que deja en manos de las comunidades la reversión de los incrementos de la jornada lectiva en los centros. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece en el anteproyecto que las comunidades "podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente", pero no establece ningún límite.

Presidencia del Consejo Escolar. Preguntada por el Consejo Escolar del Estado, órgano presidido por Ángel de Miguel Casas, que fue director general de Formación Profesional durante la etapa de José Ignacio Wert al frente de la cartera, la ministra contestó: "Hemos tenido la cortesía, la gallardía y la inteligencia de mantener a la persona que estaba y no nombrar a dedo por el Gobierno de turno". Defiende que el presidente del Consejo Escolar del Estado sea "una persona de reconocido prestigio y además señalada por la comunidad educativa en su conjunto". Apostó por "buscar una fórmula" para elegir al presidente, pero "sin prisa".

Adoctrinamiento. "No hay una receta mágica: hay que trabajar en muchos frentes y desde muchos ámbitos", expresó la ministra. "El educador debe obtener los máximos valores de la persona para hacer un ciudadano crítico, solidario, capaz de enfrentarse a cualquier ideología totalitaria o populista", añadió Celaá.