Más de 10.200 gallegos han pedido una ayuda a la dependencia, pero están a la espera de ser valorados por la Xunta, antes de saber si tienen derecho a recibirla. Otros 9.388 ya saben que cumplen los requisitos pero aún no disfrutan de la ayuda y 57.607 ya la tienen, según los últimos datos oficiales.
El PSdeG quiso poner ayer el foco sobre los gallegos que aún esperan al examen de Política Social para ser declarados, o no, dependientes, y en consecuencia pasar a la lista de espera para recibir una ayuda en función de su grado de dependencia. Comparecía en comisión parlamentaria el secretario xeral de Política Social, Javier Abad, que destacó que eran más de 10.000 los que aguardaban, pero desde 2015 los que esperan son un 59% menos. Entonces eran más de 25.000.
La diputada socialista Noela Blanco recordó al secretario xeral el acuerdo parlamentario que pedía a la Xunta un incremento en los equipos de valoración que permitiese, a final de año, eliminar la lista de espera en el ámbito de la valoración. Blanco aseguró que teniendo en cuenta que ya se ha iniciado el mes de octubre y en Galicia hay "más de 10.000 personas pendientes de resolución", la Xunta va a "incumplir" el acuerdo.
La parlamentaria del PSdeG denunció que en Pontevedra se "acumulan" expedientes con casi "tres años de espera", y en Santiago, personas que llevan "casi dos años", aguardando una llamada de la Xunta. Blanco aseveró que hay personas que "fallecen antes de conseguir" ser valoradas.
El secretario xeral garantizó que reducir la lista de espera es una "prioridad", y expuso que la Xunta "puso en marcha medidas para reducir al máximo la espera" como 14 nuevos equipos de valoración. Galicia cuenta con siete secciones de valoración de dependencia, que tramitan una media de 20.000 expedientes de media al ejercicio, con un tiempo medio de espera inferior al año, expuso Abad.
Javier Abad expuso otras medidas puestas en marcha para aligerar las listas de espera como "simplificar el procedimiento de valoración echando mano de la historia social electrónica", para evitar "duplicados" en la documentación; el reconocimiento directo de una discapacidad del 33% a aquellas personas que tengan reconocida por la Seguridad Social una pensión por incapacidad permanente o invalidez; "priorización" de la valoración de determinadas patologías, sobre todo las que "afectan al pronóstico vital" del solicitante, y una "mejora en la gestión de las citas" de valoración con la recofirmación por SMS.
La diputada del BNG Montse Prado consideró que las medidas puestas en marcha por Política Social son "parches" que "no están dando respuesta al problema". Además criticó que la Xunta contrató a personal para "zonas donde casi no había lista de espera", como es el caso de Ferrol, donde, "ahora es candidato el exconselleiro".
