El Congreso quiere que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional.

Así se plasma en el informe de la ponencia de la Cámara Baja, aprobado el pasado miércoles, en la que se negoció el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir las medidas pactadas en el Congreso en materia de violencia de género. Este documento, recoge la necesidad de una mejor formación de los jueces en materia de principio de no discriminación y, para ello, se introducen "pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer", análogas a otras especialidades ya presentes en el ámbito judicial y con un contenido que deberá decidir el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según el texto aprobado, en la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas.

Además, se especifica que todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la carreras judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

"El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos de acuerdo con el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer, incluyendo la normativa europea, y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres suscritos por España", especifica la norma. Del mismo modo, recoge que para el ascenso por escalafón será necesario que los profesionales hayan prestado tres años de servicios efectivos como jueces.