La vicepresidenta y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, anunció ayer en el Vaticano que el Gobierno modificará el Código Penal para conseguir que los abusos sexuales a menores sean "imprescriptibles". El borrador de la futura Ley de Violencia contra la Infancia, que realizaron expertos y ONG, proponía que el plazo de prescripción de estos delitos comenzara a contar a partir de que la víctima cumpliese 50 años.
Fuentes de los ministerios de Justicia y Vicepresidencia consultadas por Europa Press no pudieron precisar si la medida trasladada por el Gobierno al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se refiere a esta posibilidad o va más allá de la propuesta de los expertos y las ONG. Asimismo el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad precisó que la reforma del Código Penal sobre la prescripción de los abusos sexuales a menores aún no está "cerrada" y que "se está trabajando en ello".
Por su parte, fuentes conocedoras del borrador que trabajan estos ministerios, señalan que sobre la mesa se ha barajado la posibilidad de que estos delitos prescriban a partir de que la víctima cumpla 30 años frente a los 50 propuestos por las ONG. Aunque no es literalmente convertir en imprescriptibles estos delitos, algo que podría contravenir el principio de reinserción contemplado en el derecho penal, las mismas fuentes consideran que elevar a estas edades el inicio del plazo de prescripción, permitiría en la práctica que ninguno de estos delitos quedase impune.
El anuncio del Gobierno se realizó en el marco de una reunión entre la vicepresidenta y Parolin, en la que, según Vicepresidencia, la Iglesia ha trasladado su "preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro".
En este sentido, el Gobierno informó a la Santa Sede de "las modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles", según el comunicado difundido por el Ministerio de Presidencia.
Hace dos semanas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) anunció la creación de una Comisión que actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia española para responder a los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico y además, se comprometió a responder "a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia". Además, la comisión, presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la Conferencia Episcopal para la prevención y protección de abusos sexuales a menores, que sustituirá a los protocolos actuales y se adecuará de manera más perfecta al "Modelo de Directivas" redactado por la Comisión del Vaticano para la Protección de Menores, para responder a los abusos en la Iglesia.
Por otra parte, el secretario de Estado de la Santa Sede garantizó a la vicepresidenta del Gobierno que el Vaticano no se opondrá a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Respecto a la inhumación, los dos coinciden en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo.
Durante la reunión se abordó también el régimen fiscal de la Iglesia en España y el Ejecutivo informó a la Santa Sede sobre el proceso de revisión de los bienes inmatriculados por la Iglesia.
El secretario de Estado del Vaticano mostró su voluntad de abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro, indica en un comunicado del Ministerio de la Presidencia,
Calvo agradeció a la Santa Sede la comunicación "cordial" y "fluida" que se está manteniendo en este sentido con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
Este es el primer encuentro que mantienen representantes de Ejecutivo y del Vaticano tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y forma parte de las relaciones "habituales y fluidas" que siempre han mantenido ambos Estados.
