La plantilla docente gallega afrontará este año una importante renovación, ya que se producirán más de 1.300 jubilaciones, según el recuento de datos provisionales realizado por la propia Administración autonómica. Aunque los abandonos de la actividad se van produciendo a lo largo de todo el curso, es al final de año cuando se conoce su alcance concreto, lo mismo que las bajas por defunción, para así incorporar todas las plazas vacantes al concurso de traslados, cuyo plazo para la presentación de solicitudes comienza precisamente hoy y estará vigente hasta el próximo día 27, si bien la asignación de destino no se resolverá definitivamente hasta el mes de febrero.
Las bajas producidas durante el año por jubilación, tanto voluntarias como forzosas -al cumplir los 70 años-, se han ido cubriendo con sustituciones y ahora la inspección educativa hace recuento de ellas, tanto del cuerpo de maestros de Primaria como de profesores Secundaria. De este modo, en las provincias de A Coruña y Pontevedra en cada una se superan las 500 bajas. Ambas son las que más población tienen y, por tanto, las que también disponen de la plantilla docente más extensa, con más de 10.000 profesores. En Lugo y Ourense, con un cuadro docente más reducido, las jubilaciones apenas llegan a las 300 entre las dos. En total, el cuerpo docente no universitario en Galicia está formado por 30.000 profesionales.
Las sustituciones de los profesores que se han jubilado a la largo de este año han obligado a la Consellería de Educación a solicitar una ampliación de los créditos presupuestarios disponibles. Fueron 27,1 millones de euros adicionales "con el fin de poder hacer frente al mayor gasto derivado de la sustitución de profesores que se jubilan".
Estos más de 27 millones se destinan a las cotizaciones que la Consellería de Educación tiene que satisfacer a la Seguridad Social por las nuevas incorporaciones y su cuantía no se puede calcular hasta el último momento debido al doble sistema de cotización de los funcionarios. Hasta 2011 todos pertenecían al sistema Muface y las aportaciones a la mutua las hacía la Consellería de Facenda. Pero desde el 1 de enero de 2011, el régimen es mixto, con una cotización a Muface a efectos del sistema sanitario y otra a la Seguridad Social -para atender las jubilaciones-, de cuyo pago se encarga Educación y no Facenda.
De ahí que hasta que se produzcan las sustituciones, el departamento educativo no sabe si el sustituto -por su antigüedad- se regirá por el sistema Muface o el mixto. " A priori es imposible realizar una previsión de eventuales incorporaciones", sostiene la consellería de Educación, Carmen Pomar. A ello se suma el desconocimiento previo de cuántos profesores, que son muchos, se acogen a la jubilación voluntaria, que responde solo a una decisión personal. "Es imposible conocer quién va a hacer uso de esa posibilidad y quién no", indica la Xunta.
Precisamente ayer, el sindicato CIG denunció que los presupuestos de Educación para 2019 "lleva implícita una reducción de personal en un 0,4%", rompiendo la tendencia de los últimos años en los que se mantenía congelada la cifra en la partida de personal. La central asegura que las cuentas consignan un total de 29.987 docentes frente a los 30.098 de los últimos años. Por tanto, la reducción sería de 111 profesionales. En el cuerpo de maestros y de profesorado técnico de FP se recortarían 340 plazas y se incrementaría en 299 puestos el grupo de profesores de ESO.
La respuesta de la Administración gallega es que está garantizada la cobertura de las necesidades educativas del alumnado y la calidad de la enseñanza con el profesorado previsto para 2019, "que se mantiene en cifras similares".
Esta apuesta por la educación, continúa el departamento que dirige Carmen Pomar, se traduce en el propósito de convocar el próximo año una oferta pública de empleo similar a la de este año -que superó las 2.000 plazas-, y una subida salarial específica acordada con las organizaciones sindicales que se implantará de forma progresiva hasta alcanzar, en 2021, 90 euros mensuales más. Y recuerda que es la única comunidad autónoma que aprobó este incremento para los docentes.
La evaluación docente
La ministra de Educación, Isabel Celaá, inaugurará hoy el foro Educar para el siglo XXI, que será el punto de partida para la reforma "integral" de la profesión docente, con novedades como cambios en su formación o la introducción de la evaluación voluntaria, a imagen de lo que ya sucede en la universidad. "La evaluación es necesaria para ver en qué punto está el profesorado", indicó Celaá, convencida de que este sistema servirá para incentivar a los docentes a involucrarse en proyectos de innovación.
"Queremos llegar a un acuerdo sobre la profesión docente en esta legislatura" y "ponerlo en marcha en la siguiente", aseguró la ministra, quien ha lamentado que el futuro de la profesión docente haya estado "aparcado" en los últimos años y solo se haya escuchado opiniones individuales de expertos, sin que estuvieran "juntos" como ocurrirá, según asegura, a partir de ahora.
