Un total de 45.155 delincuentes sexuales no pueden trabajar con menores de edad en España porque están condenados en sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos, incluida la pornografía. De todos ellos, 42.581 son adultos y 2.574 menores, y más de 4.000 fueron fichados en los últimos dos años y medio.
Así se recoge en los últimos datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales, hasta el mes de agosto de 2018. Con la puesta en marcha de este fichero, que está en vigor desde marzo de 2016, se exige obligatoriamente un certificado de delitos de naturaleza sexual a todas las personas que ejercen o quieren ejercer una profesión o actividad que implique el contacto con menores.
La obligatoriedad de presentar este documento la establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015, y busca proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual.
El registro arrancó el 1 de marzo de 2016 con un total de 40.782 delincuentes sexuales identificados, de los que 38.272 eran adultos y 2.510 menores de edad. Ese año finalizó con 41.714 delincuentes fichados, es decir, un millar más que al principio.
Ya a finales de 2017, en el registro constaban 2.000 personas más con antecedentes penales por delitos de índole sexual y con la prohibición de trabajar con menores, 43.795 en total, (41.217 adultos y 2.578 menores). Hasta agosto de este año 2018, esa cifra ha aumentado hasta los 45.155 delincuentes sexuales fichados, de los que 42.581 son mayores de edad y 2.574 menores.
Desde la puesta en marcha del fichero, el Ministerio ha detectado a 4.373 delincuentes sexuales nuevos de los que 64 eran menores. Éstos se suman a los más de 40.000 que ya figuraban en el registro en marzo de 2016 porque las condenas, en la mayoría de los casos identificados, no se cancelan hasta 30 años después ya que han sido cometidos por adultos contra menores. Si la condena está dirigida a un menor de edad los registros se borran transcurridos diez años desde la mayoría de edad.
