El Gobierno trabaja en un borrador para impulsar una ley encaminada a erradicar la prostitución, que prevé sanciones contra los clientes. Unas penas que pueden ser incluso de cárcel en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad. La medida genera división entre los colectivos feministas, que reconocen que la cuestión de la prostitución es, junto a la maternidad subrogada, el gran punto de fricción de sus reivindicaciones comunes. Entre los expertos, hay dudas por la orientación de la propuesta, que se considera "abolicionista", siguiendo el modelo implantado hace dos décadas en Suecia.
Según adelantó el diario El País, el borrador impulsado por el Gobierno central, titulado Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual, supondría la modificación de media docena de leyes, incluyendo el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El borrador incluye multas de entre 12 y 24 meses para los clientes de prostitución, cuantificables entre 720 y 288.000 euros. En el caso de que la víctima sea menor, las sanciones se doblan y puede acarrear además una pena de hasta tres años de prisión.
Víctimas de violencia de género
La propuesta también incluye penas para los proxenetas, que incluyen prisión de uno a cuatro años, y para aquellas personas que, a sabiendas, faciliten inmuebles o vehículos para ejercer la prostitución. Además, las personas prostituidas pasarían a figurar, a todos los efectos, como víctimas de violencia de género, y se incorporaría a los Presupuestos Generales del Estado una partida específica para indemnizarlas.
