11 de diciembre de 2018
11.12.2018

Una veintena de entidades exigen a la Xunta que eleve la cuantía de la Risga

Reclaman que pase de 400 a cerca de 600 euros mensuales - Piden que se acorte a un mes el plazo para conceder la ayuda

11.12.2018 | 01:19
Representantes de las entidades que lanzaron la campaña para mejorar la Risga.

Una veintena de organizaciones sociales y políticas han emprendido una campaña para exigir a la Xunta que incremente la dotación económica de la Risga. Proponen que la cuantía pase de 403 euros mensuales, una cantidad con la que, según denuncian, "se hace prácticamente imposible vivir," a cerca de 600 euros. Estos colectivos también demandan que se agilicen los trámites para evitar demoras en la concesión de esta prestación social.

La Xunta tiene todavía pendiente de aprobación el nuevo decreto que regula la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) y que introduce como principal novedad la posibilidad de compatibilizar el cobro de esta renta social con los ingresos por un trabajo. La normativa, sin embargo, no contempla un incremento de las cuantías de estas ayudas dirigidas a colectivos desfavorecidos, de las que se benefician más de 10.000 gallegos.

De ahí la campaña "Hagamos del Risga un verdadero derecho" que suscriben colectivos como el Foro Galego de Inmigración, el Colexio de Traballo Social de Galicia, el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais, Asociación ONG Viraventos, Proserso, SOS Racismo, Asociación Boa Vida, Asociación Plataforma Polo Emprego, Baladre, Colectivo de Renda Básica Universal de Compostela, Coordenadora de Crentes Galegos, Oficina de Dereitos Sociais de Coia (Vigo), Esquerda Unida, BNG, Compostela Aberta, En Marea, PSdeG-PSOE y CUT. Su propuesta es que para fijar la cuantía de la Risga no se utilice, como hasta ahora, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) sino el Salario Mínimo Interprofesional, lo que permitirá incrementa en 200 euros la dotación económica del Risga.

Además, reclaman que esta renta sea "un derecho ciudadano y no un subsidio condicionado", porque actualmente "uno tiene que demostrar que es pobre presentando muchos papeles y documentos". En este sentido, el representante del Foro Galego da Inmigración, Miguel Fernández, lamentó "que el sistema es muy largo en el tiempo", con procesos que duran más de seis meses.

Frente a la situación actual, estas organizaciones defienden que "el plazo máximo debería ser de un mes", de modo que las personas que necesiten la prestación puedan disponer de la ayuda "lo antes posible", y acabar con un modelo de "burocratizaciones innecesarias", según aclaró Fernández.

En su opinión, la administración ejerce "unas dinámicas de control tremendas" sobre las personas que reciben la prestación, "con unos determinados requisitos" que suponen "una especie de amenaza" para no perder el derecho a las ayudas. Además, Fernández entiende que "no se deberían contabilizar los bienes patrimoniales, sino los ingresos directos" y recordó que las ayudas "excluyen al grupo de edad de entre 18 y 25 años, y también a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa".

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