La polémica decisión del juez Miguel Florit de incautar los teléfonos móviles a dos periodistas de Mallorca, para tratar de conocer la procedencia de una información periodística en el llamado caso Cursach, tiene su origen en una denuncia de Bartolomé Cursach, el protagonista de la macrocausa por corrupción que lleva su nombre y que también instruye dicho magistrado. Pero ¿quién es Bartolomé Cursach? Un magnate mallorquín que ha amasado una millonaria fortuna a través del negocio del ocio.
Cursach es el empresario más importante de la isla en este sector, y su fortuna la ha conseguido, principalmente, a través de tres locales, ubicados dos de ellos en la ciudad de Palma y el tercero en Calvià: las discotecas Tito's, Megapark y BCM, respectivamente. En los últimos años también amplió su negocio a través de hoteles, un gimnasio -el más grande de Mallorca, ahora cerrado por infracciones urbanísticas- y promociones inmobiliarias en el extranjero.
Pero para conocer en profundidad el trasfondo del caso Cursach hay que referirse previamente a una investigación anterior, el llamado caso corrupción policial, ya que ambas investigaciones están directamente relacionadas: Hace unos cinco años el juzgado de instrucción número 12 de Palma abrió una investigación, a petición de la fiscalía Anticorrupción, sobre el amaño de unas oposiciones en la Policía Local de Palma.
Las preguntas del examen se filtraron a varios opositores y se hizo a través del ordenador del que era director general de Seguridad Ciudadana de Palma, Enrique Calvo, del PP. Las preguntas se facilitaron a una serie de policías que, según se supo más tarde, iban a ocupar puestos claves en la estructura policial. Estos policías habían sido elegidos, como se supo más tarde, por dos políticos de mucho peso en la capital de Mallorca, como era José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, y Álvaro Gijón, concejal del PP en el Ayuntamiento palmesano y diputado de este partido en el Parlamento balear.
Pese a que la investigación se mantuvo durante meses bajo secreto de sumario, la jueza instructora adoptó esta medida únicamente para facilitar la declaración de varias prostitutas. Estas mujeres, todas extranjeras, declararon que habían tenido relaciones sexuales con políticos de Baleares, pagando el servicio el propietario del club. Al ser extranjeras y llevar poco tiempo en España no pudieron identificar a estos invitados, pero sabían que eran políticos. Estos encuentros sexuales se celebraban en una finca privada del propietario del club, ubicada en Llucmajor.
Agentes trabajando de porteros
Tirando del hilo del caso del amaño de las oposiciones se descubrió una situación mucho más grave: policías locales de Palma estaban trabajando de porteros en varios locales de ocio, la mayoría de ellos pertenecientes a Cursach. El empresario carecía de servicio de seguridad, que estaba cubierto por policías locales, que además se encargaban de avisar cada vez que estaba prevista alguna inspección.
Pero al margen de este servicio privado de seguridad se descubrió también una trama de extorsión. Policías locales de Palma, pertenecientes a la unidad Patrulla Verde, se dedicaban presuntamente a extorsionar a pequeños empresarios del negocio del ocio. Les exigían dinero, a cambio de evitar inspecciones, y si no aceptaban estas condiciones, las visitas policiales eran constantes (hasta tres veces en una misma semana), que siempre terminaban con sanciones económicas y, en definitiva, provocaban el cierre del negocio al no poder afrontar el pago de estas multas. Pero al mismo tiempo, casualmente los mismos policías realizaban continuas inspecciones en los locales de ocio que estaban haciendo la competencia al Grupo Cursach. Mientras que a los negocios del magnate les imponían un número mínimo de multas que, además, la mayoría se perdían por el camino y no se pagaban, los otros negocios de la competencia recibían, por la misma actividad, multitud de sanciones, que sí se tramitaban y se tenían que pagar. Era evidente el distinto trato que la Policía Local dispensaba a unos empresarios y a Cursach.
Mientras se descubrían todas estas irregularidades, la Policía consiguió la declaración de varios testigos de vital importancia, que después han sido objeto de una persecución, con palizas incluidas.
Una de estas testigos es la conocida con el sobrenombre de la madame. Era la responsable de un club de alterne, que declaró que ella misma había organizado orgías sexuales en su prostíbulo específicamente para los políticos José María Rodríguez y Álvaro Gijón, encuentros sexuales que después supuestamente financiaba el empresario Cursach. También desveló que ella misma había acompañado a varias de las chicas que trabajaban en su local a la discoteca Tito's, para que tuvieran relaciones sexuales gratuitas con policías locales de Palma, muchos de ellos ya identificados anteriormente en la investigación por extorsionar a pequeños empresarios del negocio de la diversión.
El otro testigo protegido es un antiguo camarero de la discoteca Tito's, que también desveló la organización de estas orgías sexuales en el local, con la presencia de prácticamente los mismos policías que señaló la anterior testigo. También relató el sistema que se estaba utilizando en la discoteca para vender droga.
El 28 de febrero de 2017, la Policía detuvo a Cursach y a su principal ejecutivo, Bartolomé Sbert, provocando en Mallorca un revuelo sin precedentes. A ambos se les acusó de unos 20 delitos, que iban desde su pertenencia a una organización criminal, cohecho, tráfico de drogas, información privilegiada y otros delitos, incluidos dos homicidios. El juez Manuel Penalva, que en ese momento instruía la causa, ordenó el ingreso en prisión de los dos detenidos, una decisión que se acordó cuando la causa continuaba bajo secreto sumario.
A partir de la detención de Cursach, varios de los testigos empezaron a ser perseguidos, vigilados y agredidos. Así, la madame fue golpeada por dos individuos cuando bajaba la basura de su casa, sin que hasta ahora se haya descubierto quién fue el autor de dicha agresión. El excamarero de la discoteca fue agredido en varias ocasiones y hasta la fecha se ha condenado a dos de los autores de dichas agresiones.
Un año en prisión
Cursach estuvo exactamente un año en prisión preventiva. No lo dejó en libertad el juez de instrucción, sino que fue la Audiencia de Palma, que fijó una fianza de un millón de euros. A pesar de que la decisión se comunicó por la tarde, el empresario necesitó muy poco tiempo para reunir el dinero. Esa misma noche salía en libertad.
Coincidiendo con la presencia del empresario en prisión se inició una campaña de persecución y denuncia contra el juez Penalva y el fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Subirán, ambos responsables de la investigación contra el poderoso empresario. El promotor de esta campaña fue el abogado Vicente Campaner, que defendió a Cursach cuando desde la cárcel de Palma se decidió trasladarlo de centro y enviarlo a una prisión de la Península. Este abogado consiguió que se declarara la nulidad del traslado y logró el retorno de su cliente a la cárcel mallorquina.
Pero no fue el único servicio que prestó este abogado a su cliente. A partir de unas conversaciones de WhatsApp que habían mantenido la mencionada madame y el juez Penalva, que la mujer afirmó luego haber entregado bajo engaño, el letrado inició una campaña para conseguir que el magistrado fuera apartado de la investigación, propósito que consiguió. Se consideró que el juez Penalva había perdido la imparcialidad y se decretó que se apartara de la investigación, asumiendo todo el caso el actual instructor, Miguel Florit.
A través de una plataforma ciudadana, llamada Movimiento 27M, se organizaron una serie de manifestaciones callejeras, en la que se acusaba directamente al juez Penalva y al fiscal Subirán de ser unos corruptos. La primera concentración, con la presencia mayoritaria de empleados del grupo Cursach, se celebró bajo la ventana del despacho del juez mientras tomaba declaración al empresario y a su lugarteniente, que no quisieron declarar. Cursach se desmarcó de las fiestas de Tito's.
Otra de las irregularidades que los investigadores averiguaron es que una persona del entorno más próximo a Cursach habría sobornado a una jefa de servicio del departamento de Urbanismo del ayuntamiento de Palma, que recibió dinero en metálico y botellas de un caro champán francés.
El día de la detención de Cursach, en un registro domiciliario en su casa, sin que la Policía lo esperara, se le encontró una escopeta ilegal, que guardaba bajo su cama. Esta arma le ha supuesto su primera condena por tenencia ilícita de armas, delito por el que ha sido condenado a ocho meses de cárcel.
El juzgado, ante la complejidad de la investigación, decidió trocear la causa. A Cursach se le ha imputado en las dos primeras macropiezas. La primera, confirmada por la Audiencia provincial de Palma, se trata de las descritas fiestas para policías que se celebraban en la discoteca Tito's. La segunda era por el soborno a funcionarios. Estos dos casos están pendientes de que la fiscalía Anticorrupción presente su escrito de acusación y se celebre el juicio, cuya fecha está aún por determinar. Entremedias se ha cruzado ahora la controvertida actuación del magistrado Florit contra la prensa.
