Uno de cada seis fumadores ha intentado dejar el hábito en el último año. Galicia aspira a dejar el tabaco, pero lo hace poco a poco y no siempre lo consigue, sino que, de hecho, el porcentaje de quienes no pueden pasarse ni un día sin cigarrillos ha repuntado durante el último lustro y supone ya el 32% de entre los gallegos que tienen entre 15 y 64 años, lo que se traduce en la nada despreciable cifra de 550.000 personas.

Aunque el dato indica que podría haberse relajado el efecto disuasorio de las normativas antitabaco -2006 y 2011, endurecida-, lo que sí parece haber calado entre la población es que en muchos lugares ya no se puede fumar, o tal vez ha calado la idea de que si el tabaco perjudica al bolsillo, las multas todavía pueden complicar la situación: una grave supone hasta 10.000 euros de sanción. El caso es que los datos de la Consellería de Sanidade muestran que el año pasado se cerró el ejercicio con la cifra más baja de multas desde que difunde este tipo de estadísticas, el año 2012.

En total, fueron 350 las sanciones impuestas por incumplir la ley antitabaco entre enero y diciembre de 2017. Aunque tocan a casi una por día, están muy lejos de la cifra de 2013, cuando se alcanzó el máximo de penalizaciones, 931, el triple que en la actualidad, en la mayoría de los casos por encender un pitillo en el lugar incorrecto o por permitir hacerlo. En el primero de los casos, es el propio fumador el que abona el cargo, ya que se trata de una infracción leve, pero en el segundo es el propietario de un establecimiento el que lo consiente y la norma lo tipifica como grave, lo que supone ya que el castigo puede implicar un desembolso de entre 601 y 10.000 euros.

Este tipo de sanciones no fueron las mayoritarias en ninguno de estos años. Aun así, el ejercicio pasado se impusieron un total de 137, casi una de cada tres. Las leves, que se impusieron en 213 ocasiones en la comunidad, implican abonar como mínimo 30 euros, pero el intervalo alcanza los 600.

Los fumadores o los dueños de establecimientos que deben mantener controlado el tabaco (pero también indicar claramente que los menores no pueden fumar o tener establecidos automatismos para controlar la máquina expendedora) hacen sus deberes más que nunca. Y eso a pesar de que las inspecciones siguen incrementándose, con lo que se multiplican también las oportunidades para detectar posibles incumplimientos.

El año pasado, según el Sergas, las fuerzas y cuerpos de seguridad o los servicios responsables de la propia Xunta realizaron un total de 3.493 inspecciones, a una media de casi diez diarias, lo que supone un incremento de un 43% con respecto al año 2016, cuando ya se habían elevado un 18% en relación al ejercicio anterior y tras crecer un 25% sobre las de 2014.

En concreto, las inspecciones realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ascendieron a 725. El resto -prácticamente en ocho de cada diez casos- corresponde sobre todo a inspecciones de oficio, es decir, las derivadas del plan anual de inspecciones de tabaco. En total fueron 2.694.

De ellas, un pequeño montante de todas las actividades de fiscalización y control tienen que ver con reclamaciones recibidas. Llegaron hasta 110 quejas a Sanidade y dieron origen a un total de 74 inspecciones.