Mil personas mueren cada año en accidente en las carreteras secundarias españolas, es decir, siete de cada diez, una siniestralidad que el Gobierno quiere frenar con la aprobación este viernes de un real decreto que reduce a 90 km/h el límite máximo de velocidad permitido en este tipo de vías.

Ahora, el límite máximo genérico es de 100 km/h, pero el Ministerio del Interior ha optado por equiparar la velocidad a la media europea, ya que la mayoría de los países -quince- ya tiene establecida una velocidad máxima de 90 km/h.

La medida, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, cuenta con el apoyo de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que han celebrado que por fin un Gobierno se haya atrevido a tomarla, en tanto que las autoescuelas creen que debe acompañarse con un aumento de guardias civiles en las carreteras.

Mientras, algunas asociaciones de automovilistas, como el RACE, opinan que más que reducir la velocidad, lo que necesitan las carreteras es una mayor inversión para adecuarlas a las necesidades actuales.

Con el objetivo de bajar de la tasa actual de 39 muertos en carretera por cada millón de habitantes, Interior pondrá en marcha, un mes después de que el decreto se publique en el BOE, una medida que obligará a motos y turismos a circular a una velocidad máxima de 90 km/h independientemente del ancho del arcén.

Esta norma afecta también a autobuses y vehículos mixtos adaptables, si bien en el caso de los primeros, y a pesar de que tienen una baja tasa de accidentalidad, no podrán circular a más de 80 km/h los que no dispongan de cinturones de seguridad.

Además, el decreto fija en un máximo de 80 km/h la velocidad en las carreteras convencionales para camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas con un masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, vehículos articulados y automóviles con remolque.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha fijado un plazo de 30 días para adaptar todas las señales existentes mediante pegatinas, tal y como ya se hizo cuando se redujo temporalmente la velocidad en autovías y autopistas a 110 en 2011.

Como "muy positiva" han valorado las asociaciones de víctimas la decisión, porque "en esos kilómetros menos puede estar la vida o la muerte", como ha resaltado a Efe la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, quien ha señalado que hasta ahora ningún Gobierno se había atrevido a dar ese paso por que "no son medidas populares".

Factor mortal

Las asociaciones recuerdan que la velocidad es un factor concurrente en el 20% de los accidentes mortales y que, por tanto, se debe incidir en este factor.

No obstante, desde la asociación DIA se ha puesto un "pero" a la medida del Gobierno y ha pedido que los límites sean homogéneos para todos los vehículos, a la vez que aseguran que el decreto "no soluciona el problema de los adelantamientos", como argumenta el presidente de esta entidad, Francisco Canes.

Por su parte, la directora de la Asociación de Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), Mar Cogollos, cree que el siguiente paso que debería dar el Gobierno es aumentar las zonas con velocidad máxima de 30 km/h dentro de las ciudades, donde fallecieron 509 personas en 2017 y "proteger así a los más vulnerables".

José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, ha señalado que "seguro" que los resultados de la reducción del límite de velocidad "los vamos a ver el año que viene, salvo que los españoles no respetemos las normas".

Y aunque está "absolutamente de acuerdo" con la decisión porque las vías convencionales "no están diseñadas para la velocidad del tráfico que soportan", ha echado en falta más efectivos de la Guardia Civil (unos 1.000) para controlar los excesos de velocidad.

El técnico de seguridad vial del RACE, David Fernández, ha sido más crítico con la medida, al entender que con ella no se van a obtener "grandes resultados", porque lo que necesita la red secundaria es más inversión para mejorar su trazado y renovar el firme.

"Con un límite genérico no se arregla nada", ha dicho a Efe Fernández, más partidario de establecer topes máximos en tramos concretos donde se produce una mayor accidentalidad.