El juez Miquel Florit revocó y anuló el pasado 21 de diciembre su auto de diez días antes por el que ordenaba la requisa de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca -del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN- y Blanca Pou, de Europa Press. Una confiscación que se hizo en una pieza secreta por revelación de secretos del caso Cursach -que investiga una trama de corrupción conectada con el ocio nocturno en Baleares- y sin que ambos redactores figuraran como investigados en esa causa.
La revocación del polémico auto, que causó el rechazo de la clase periodística, política y del mundillo jurídico, se conoció ayer en un tercer auto del mismo magistrado. Los dos redactores de tribunales y sus medios de comunicación presentaron una querella contra Florit, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Al magistrado se le imputan tres delitos: prevaricación judicial, contra el secreto profesional de los periodistas y contra la inviolabilidad del domicilio.
En su última resolución, el juez informa a los dos periodistas y a sus empresas que el 21 de diciembre "se revocó de oficio" la intervención de sus teléfonos y se ordenó la devolución de esos y otros dispositivos a Mestre y Pou. El auto fue dictado tres días después de que el Tribunal Superior de Superior de Justicia balear admitiera a trámite la querella contra el juez.
