El auto del pasado 11 de diciembre en el que el juez Miguel Florit ordenó la requisa de los móviles y otros dispositivos de trabajo de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, y el registro de sus lugares de trabajo pese a no ser investigados en una pieza del caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno a un empresario de la noche mallorquina, por presunta revelación de secretos obvió toda mención al secreto profesional de los redactores.
Florit dictó un auto de cinco folios donde explicó que la Policía le había pedido la víspera el registro de Europa Press y Diario de Mallorca, "donde pueden encontrarse objetos e indicios que puedan servir para el esclarecimiento del presunto delito de revelación de secretos (atribuido a dos agentes de la unidad que investigó a Cursach)". El fiscal anticorrupción emitió un informe a favor del registro. El auto y su materialización dieron lugar a la interposición de una querella por Mestre, Pou y sus medios contra Florit por prevaricación judicial.
