La sentencia de una jueza de Barcelona que respalda la decisión de una guardería municipal de no aceptar a un niño no vacunado ha reabierto el debate sobre el movimiento antivacunas, aún testimonial en España pero que ha cogido fuerza en los países del entorno hasta el punto de resucitar enfermedades casi extinguidas como la difteria o el sarampión.

En Galicia, al igual que en el resto del Estado, la vacunación es preceptiva pero no obligatoria por lo que no es necesaria la cartilla de vacunación para matricular a un niño en un centro educativo público aunque hay algunas excepciones en ayuntamientos concretos y algunos de titularidad privada sí la solicitan. "Los padres suelen ser quienes nos informan sobre si sus hijos no están vacunados", precisan en uno de estos centros, aunque todavía son "casos puntuales.

De hecho, la tasa de vacunación ronda el 95%, un porcentaje que se eleva hasta el 98% en menores de un año. Así lo recuerda el jefe del servicio de Pediatría del Hospital de Santiago, Federico Martinón, que saluda la sentencia judicial que "vela por los intereses de los niños vacunados". Y es que el riesgo, recuerda, existe. "Tener niños no vacunados en una clase aumenta el riesgo de que ciertas enfermedades recirculen", remarca Martinón, que cita como ejemplo el caso de difteria en el que falleció un niño de seis años no vacunado en Olot en junio de 2015 o el regreso de sarampión a otros países europeos con tasas de vacunación más bajas. "Aquí por ahora el efecto negativo se diluye y los que no vacunan a sus hijos cuentan además con esa protección de rebaño que ofrecen los niños que sí lo están", apunta.

Sin embargo, si el movimiento antivacunas sigue creciendo como lo ha hecho en Francia, Portugal o Italia, la inmunidad colectiva podría resentirse. "Ninguna vacuna, como ningún fármaco, es 100% efectivo. No todos respondemos igual a las medicinas, a los fármacos en general, ni a las vacunas tampoco. Si la mayoría esta vacunada, incluso aquellos que no han respondido bien a la vacuna o están incompletamente vacunados, pueden estar protegidos por la inmunidad colectiva pero si esa tasa desciende se exponen a las enfermedades niños que a pesar de haberse vacunado, pudiesen no haber logrado una protección óptima", recalca Martinón, que celebra la sentencia.

Como solución, aboga por una mejor información para hacer frente a las dudas de los padres y "ayudarles a tomar la decisión correcta". Recuerda, además que en universidades norteamericanas e instituciones europeas - "ya no estamos hablando de guarderías"- se exige un calendario vacunal actualizado. "Las instituciones en España también se reservan el derecho de admisión pero por ahora no se hace", afirma este especialista gallego.

También respalda la sentencia catalana, el juez de Instrucción Xermán Castro que, además, considera que "pone de manifiesto que cada vez más en la judicatura nos tenemos que enfrentar a conflictos de determinados valores e intereses que no siempre tienen una respuesta exacta en la ley y eso nos obliga a un cierto grado de ponderación".

"La valoración que la jueza hace de los intereses generales frente a la defensa de los intereses individuales que pueden afectar a esos intereses de los demás me parece absolutamente correcta", manifestó Varela, quien además apuntó que "la libertad individual no puede poner en peligro a los otros niños y de hecho es cuestionable también que se pueda poner en peligro a niños aunque sean los tuyos".

En este sentido, abre la puerta a un debate más amplio sobre la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria. "Habría que ver hasta dónde puede llegar el Estado para proteger a los menores porque ahí si que puede entrar en juego la libertad individual, pero por otra parte se está poniendo en riesgo la salud pública" dice y recalca que se trata de "un problema político de visión colectiva de valores y no regularlo derivará el problema a los tribunales, y no siempre tenemos solución para todo".

También respalda la sentencia y da un paso más allá Luis Míguez Macho, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago, al preguntarse qué ocurriría si en lugar de tratarse de una escuela infantil, y por lo tanto no obligatoria, la polémica surgiese en Educación Primaria. " A priori me parece una sentencia bien fundamentada pero plantea muchas dudas porque no sé hasta qué punto se podría rechazar una matrícula en Primaria porque en ese caso se trata de un derecho y un deber recogido en la Constitución", analiza el jurista, que cree que, si no se frena, el auge del movimiento antivacunas tendrá que tener una respuesta desde el ámbito legislativo.