La Fiscalía elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y mantiene las acusaciones de abusos sexuales por las que pide 17 años de prisión para el fraile franciscano de O Cebreiro. Ayer se reanudó el juicio contra J.Q., acusado de supuestos abusos sexuales y elaboración de material pornográfico, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

La vista prosiguió tras la declaración el martes del franciscano que ejercía su labor pastoral en el Santuario de O Cebreiro, cuando se produjeron los hechos denunciados, entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, y de las dos supuestas víctimas, una menor y su primo con una discapacidad psicológica. Ayer pasaron, desde las 10.00 horas, por la sede judicial peritos del Imelga, psicólogos de la Guardia Civil, informáticos del cuerpo benemérito y la trabajadora social del Ayuntamiento de Pedrafita, donde se emplaza el santuario. Hasta las 12.45 horas se sucedieron los testimonios, momento en que la presidenta del tribunal suspendió las declaraciones y comunicó un descanso de 15 minutos para que las partes elevarán a definitivas sus conclusiones. La Fiscalía anunció que iba a mantener las acusaciones, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal, otro delito de abuso sexual y elaboración de material pornográfico, por los que pide 17 años de prisión para el franciscano.

Por su parte, la defensa insistió en la inocencia de su patrocinado, después de que haya quedado acreditado que existieron, entre el que se conocía en la zona como "el cura" con una menor y con su primo, con una discapacidad psíquica del 40%.

Los psicólogos de la Guardia Civil, que declararon desde Madrid por videoconferencia, puntualizaron que el primo les contó, sobre lo que aconteció en la casa familiar del fraile en Trives Ourense, que "su prima le había dicho que el cura les iba a dar dinero". El joven relató que comieron, bebieron y hubo "un contacto sexual entre él y su prima", con una "tentativa de penetración por detrás" por parte del religioso. También declararon varias vecinas que contactaron a través del Facebook con el franciscano, una de ellas lo bloqueó ante las insinuaciones realizadas por éste en las redes.

La trabajadora social del Ayuntamiento de Pedrafita declaró que ambos jóvenes vivían en una "aldea" a 10 kilómetros esta localidad luguesa, y tenían "poca relación con los vecinos", aunque matizó que eran "cordiales". Sobre el caso de la menor admitió que podría sufrir "carencias afectivas", motivadas por un entorno familiar prácticamente en situación de exclusión social. Por su parte, las psicólogas del Imelga aseguraron que el testimonio del joven con discapacidad era "creíble", y apuntaron en el caso de la menor que tenía "un nivel intelectual bajo".

Poco antes de las 10.00 horas, se reanudó el juicio, llegó el religioso acompañado de sus abogadas, que no quisieron hacer declaraciones. El día anterior el franciscano reconoció la relación con la menor, pero alegó que era consentida, y apuntó que en los momentos de los hechos sufría una "profunda depresión" y que había perdido el "norte".