Víctimas de abusos sexuales, lideradas por el primer denunciante del caso Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, entregaron ayer en el Congreso 520.000 firmas recogidas a través de change.org, con las que reclaman a los grupos parlamentarios que pongan "líneas rojas" a la Iglesia en España. Hurtado criticó la actitud de los políticos del país a los que "les entra por un oído y les sale por el otro" las peticiones que está haciendo desde las asociaciones. El portavoz de esta iniciativa ha explicado que, "mientras en países como Chile la fiscalía está haciendo registros en los obispados, requisando archivos y exigiendo los informes internos sobre expedientes disciplinarios canónicos", la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "le pide permiso a la Iglesia para saber cuántos casos hay".
"Se les está dando un trato de favor", denunció, para apuntar que a los políticos españoles "les falta valentía" y están mandado a la sociedad el mensaje de que "la Iglesia está por encima de la ley". A su juicio, si no pones "líneas rojas muy claras", la institución religiosa "hace lo que quiere".
Preguntado por la relación de los actuales mandatarios de la Iglesia en España y las víctimas de abusos, Hurtado indicó que no han tenido ningún encuentro. "Ellos dicen que se han reunido con víctimas, pero nosotros, que somos los que hemos denunciado ante los medios y la justicia no hemos tenido contacto con ellos", señaló, antes de indicar que si les llamaran los recibirían "encantados".
El portavoz de las víctimas, que estuvo acompañado por el antiguo miembro de la comisión antipederastia vaticana creada por el Papa Francisco, Peter Saunders, recordó a la Iglesia que existen directrices de la comisión de infancia de las Naciones Unidas con medidas concretas que pueden tomar para ayudar a las víctimas de abusos sexuales, como denunciar todos los casos a la fiscalía o a las autoridades civiles, así como cesar a obispos encubridores.
Hurtado también reclama que la institución reconozca su responsabilidad o le dé una indemnización económica a las víctimas para que puedan acudir a terapia y rehacer su vida. "Falta voluntad por parte del Gobierno y de la Iglesia para actuar, mientras las víctimas siguen si poder acceder a la justicia y los niños siguen en peligro", señaló.
"Ya hicimos un acto en mayo 2016, entregamos 300.000 firmas en el Congreso, todos los partidos políticos se comprometieron a estudiar el tema para la próxima legislatura y la legislatura ha acabado y no han hecho nada", lamentó Hurtado. Desde la Asociación Infancia Robada a la que pertenece Hurtado, exigen a los partidos una reforma urgente de la ley y que el plazo de prescripción de este tipo de delitos comience a contar a partir de los 50 años de la víctima, para que pueden denunciar hasta los 55 o 65 años.
