En poco más de dos meses tendremos atracón de elecciones: el 28 de abril serán las generales y las autonómicas en la Comunidad Valenciana, y un mes después (el 26 de mayo), las europeas; las municipales en más de 8.000 ayuntamientos y las autonómicas en 12 comunidades (todas excepto Galicia, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco).

Y el patio digital anda revuelto por la influencia que las redes sociales puedan tener en estos comicios como ya la tuvieron en las elecciones de EEUU, Brasil o el Brexit. Estos comicios pueden ser los primeros en España que se vean afectados por el (mal) uso que se puedan hacer de las redes sociales.

La preocupación es tan grande que el Gobierno ha activado una unidad contra la desinformación en las elecciones. Un anuncio más grandilocuente que efectivo por la dificultad que tiene vigilar las fake news en redes sociales como Facebook y Twitter, pero sobre todo en redes de mensajería instantánea como WhatsApp donde son imposibles de controlar. Pero por lo menos la administración es consciente de la manipulación que podemos sufrir los ciudadanos.

Pero como diría mi abuelo, una cosa es predicar y otra dar trigo. A finales de 2018 se aprobó la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

En principio, era una ley para proteger a los ciudadanos, pero los partidos metieron de rondón y a última hora una disposición que les permite recopilar datos obtenidos a través de internet y de las redes sociales para enviar propaganda electoral vía electrónica o, por ejemplo, por WhatsApp. Así que por un lado les preocupa cómo se pueden utilizar las redes sociales en la campaña electoral, pero por otra no rechazan su uso para enviarnos sus proclamas.

Afortunadamente, esta posibilidad ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo. Y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto también coto a este atropello y ha impuesto severas restricciones al tratamiento de los datos y la creación de perfiles ideológicos por parte de los partidos políticos.

Así, no podrán realizar perfiles personalizados de los votantes (como se ha hecho en EEUU), ni tampoco se podrán usar técnicas de inteligencia artificial o big data para modificar la ideología de los votantes. Y, además, una vez que terminen las elecciones deberán destruir toda la información que han recabado si no quieren recibir una multa de más de cinco ceros. La primera consecuencia es que Vox ha paralizado las campañas de anuncios que tenía en Facebook tras la circular de la AEPD.

Pero no solo las autoridades o los partidos políticos están preocupados por el (mal) uso que se puedan hacer de las redes sociales durante la campaña electoral, Facebook también lo está. La pasada semana trascendió, gracias a una información de El Confidencial confirmada por todas las partes, que Facebook había reunido a principios de año en Madrid a los responsables de estrategia digital de los principales partidos (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Vox) con el objetivo de evitar la difusión de noticias falsas que puedan afectar al carrusel de elecciones que habrá en los próximos dos meses. La convocatoria da idea de lo preocupados que están los chicos de Mark Zuckerberg.

Según los asistentes a las reuniones, lo que más les llamó la atención fue que Facebook no tiene mucha idea de cómo erradicar los bulos, ni tienen asignados recursos y lo más preocupante: se les vio "perdidos". Pues si están perdidos ellos?