Por primera vez en siete años, las solicitudes de la renta de inclusión social (Risga), un cheque mensual cuya media ha ascendido de 440 a 540 euros desde el pasado día 1, se situaron el pasado ejercicio por debajo de las 6.000. El dato de 5.814 peticiones evidencia el impacto de la mejora económica en Galicia sobre estas necesidades, pero los pagos realizados por la Consellería de Política Social apenas se redujeron en 65 nóminas, pasando de 14.406 en 2017 a 14.341 el año pasado.
Este contraste evidencia que la bolsa de pobreza generada por la crisis que desencadenó a nivel mundial la bancarrota del banco Lehman Brothers a finales de 2008 se ha cronificado. Es decir, muchas personas que perdieron sus empleos no han recuperado la estabilidad, a pesar de que la cifra de solicitantes de ayudas se sitúa ya lejos de las 7.704 de récord histórico que se alcanzó en 2013.
La Risga es una ayuda mensual para personas con unos ingresos inferiores a la aportación pública que les correspondería en función de sus cargas familiares. La media de esta renta es de 440 euros, si bien la Xunta anunció que elevaría 100 euros mensuales su cuantía cuando entrase en vigor la reforma de esta prestación. El cambio legal se aprobó el mes pasado, casi cinco años más tarde del plazo estipulado por la Lei de Inclusión Social aprobada en los últimos días de diciembre de 2013 y que daba medio año para desarrollar la nueva Risga.
La modificación facilita la compatibilidad temporal de la prestación con un empleo temporal y cumple una de las demandas de las entidades sociales, permitiendo que dos personas que compartan domicilio cobren la Risga. Establece dos nuevos itinerarios. El de inserción permitirá cobrar un 35% del indicador público de rentas medias „188 euros„ más al mes durante un año prorrogable otros seis meses si se acepta seguir cursos o prácticas no remuneradas. El de "transición al empleo" permitirá cobrar un 35% más que el salario mínimo entre sueldo y Risga, lo que supondrá un tope de 1.215 euros, pero la ayuda irá descendiendo hasta anularse en seis meses.
Estos cambios entran en vigor en un momento en que las solicitudes y los pagos de estas ayudan suman su segundo ejercicio consecutivo de caídas, aunque el último año estas experimentaron ritmos muy diferentes. Mientras las primeras descendieron un 3,7%, las segundas lo hicieron apenas un 0,4%. Aun así, los balances son similares respecto a 2009, año en que el tsunami económico global golpeó Europa. Desde entonces, los descensos son del 63% en cuando a las prestaciones anuales pagadas por la administración y del 64,4% en cuanto a las solicitudes. En el primer caso, pasaron de 8.791 a 14.341, mientras que en el segundo la evolución fue de 3.536 a 5.814, según el último balance de la Consellería de Política Social.
La cifra de pagos puede incluir prestaciones a la misma persona durante diferentes épocas del año. Es decir, un ciudadano puede recibir la Risga mientras se encuentra sin empleo, dejar de percibirla cuando logra un trabajo temporal y volver a cobrarla a final de año por falta de ingresos. El 2018 se cerró con 10.371 personas en nómina de esta prestación.
Si las peticiones y pagos por parte de la Xunta desde 2009 crecieron alrededor de un 64%, el coste para las arcas autonómicas alcanzó casi el 200% de incremento.
