El juicio por la presunta malversación de fondos públicos en la Fundación Cela que se sigue contra cuatro personas, entre ellas la viuda del escritor, Marina Castaño, se celebrará a partir del lunes 1 de abril en la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago de Compostela.
Además de la viuda del premio Nobel, también se sentarán en el banquillo el expatrono y exmiembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez, su hija Covandonga Rodríguez, y el exgerente de la entidad Tomás Cavanna, en el caso de éste último por el abono de una indemnización de 150.000 euros por su despido.
Para ellos, ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en los señalamientos, se pide una pena de prisión de 4 años y seis meses e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años, además de una indemnización de forma conjunta a la Xunta de Galicia por la cantidad de 150.000 euros.
La vista, señala la misma fuente, se extenderá hasta el día 5.
Según sostiene el escrito de acusación, todos los procesados, de común acuerdo y para beneficiar al director de la fundación, "orquestaron" el despido de éste y acordaron que la indemnización que le correspondía por los servicios prestados era de 150.000 euros brutos y ello "a pesar de ser conscientes" de "que no se trataba de un despido, sino que el gerente quería abandonar voluntariamente la Fundación".
El escrito del fiscal incide en la "crítica situación económica" de la Fundación "a la que se había llegado durante la gestión de los acusados" y que "puso en peligro la continuidad de la misma", hecho que derivó en que fuese la Xunta de Galicia la que acabase asumiendo la tutela de la fundación mediante la firma de un acuerdo económico.
Remarca además el Ministerio Público que el "carácter público de la Fundación" era "conocido por los acusados, puesto que desde el año 2007 más del 50 por ciento de sus ingresos provenían de subvenciones públicas", por lo que el coste del despido sería "a cargo" del Gobierno gallego.
La acusación particular en el caso la ejerce Lola Ramos, la vecina de Padrón que advirtió de la existencia de presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Cela.
La causa será juzgada por los magistrados de la propia sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Compostela, toda vez que el año pasado se estimó el recurso para que no se ocupe un jurado popular.
