El abogado del exgerente de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, aseguró ayer que negoció una indemnización con una cifra "intermedia" basándose en que "ya había sentencias de improcedencia anteriores" en despidos de trabajadores de la entidad. De este modo lo declaró ante el juez en la vista que se celebra en la sede compostelana de la Audiencia Provincial por supuesta malversación de fondos en la Fundación Cela, y en la que está acusada la que entonces era su presidenta, Marina Castaño, así como el propio Cavanna, el exconselleiro Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez.

A preguntas de los letrados, el abogado, Manuel López, explicó que en aquel momento, en 2010, para decretar un despido por causas objetivas era necesario "hacer entrega" del finiquito con la comunicación y que, ya que sabían que la fundación "no tenía liquidez", existía "el riesgo de que se declarase nulo o improcedente". Entre la indemnización que le correspondería en caso de ser declarado objetivo, de 96.000 euros, y los "más de 200.000" que serían de considerarse improcedente, el abogado y Tomás Cavanna reclamaron a la Fundación una cantidad "intermedia" de 150.000 euros, lo que correspondería a unos 30 días por año trabajado.

Esta cifra, apuntó el letrado, se exigió como mínima a la Fundación teniendo en cuenta que "ya había sentencias de improcedencia anteriores" y que a otros empleados se les había despedido con indemnizaciones de hasta "39 días por año". Para ello, el letrado redactó varias cartas de despido como "borradores", que incluían distintas causas de despido, aunque siempre la cantidad mínima reclamada por Cavanna. Estas cartas fueron incautadas durante un registro policial en la sede de la Fundación.

A pesar de que Manuel López había actuado como abogado de los intereses de la Fundación en los anteriores despidos, aseguró ayer que para él no existía "conflicto de intereses" a la hora de representar a Tomás Cavanna contra la entidad. También afirmó que la cantidad de 150.000 euros no fue pactada con los responsables de la Fundación, si no que era lo que el exgerente reclamaba para recibir "lo mismo que otros trabajadores". La acusación y la Fiscalía, sin embargo, sostienen que esta cantidad y el propio despido fue "pactado" y "simulado" por Cavanna y los responsables de la entidad.

Finalmente, el letrado señaló que Cavanna no había expresado su deseo personal de abandonar la Fundación e indicó que él "sabía que la Xunta iba a transformar" la entidad en pública y que "él no encajaba en el esquema" de la Administración gallega dado su elevado salario.

En la sesión de ayer también compareció uno de los patronos de la Fundación Cela, Adolfo Sotelo, que descartó que Tomás Cavanna estuviese planeando dejar la fundación, dado que le "obsesionaba" la preparación en 2016 del centenario de Camilo José Cela. También confirmó, durante su comparecencia ante el juez, que el Patronato no trató con posterioridad la conveniencia o no de la cantidad con la que se había indemnizado al exgerente.

Una jornada más, las partes volvieron a renunciar también a varios de sus testigos, como el que era entonces conselleiro de Cultura, Roberto Varela, o el exalcalde de Padrón Camilo Forján. La viuda del escritor, Marina Castaño, ya declaró en la primera jornada del juicio.