La Fiscalía ve un "plan" de los acusados para "simular" el despido en la Fundación Cela

Así lo han explicado ambas partes en las conclusiones finales del caso que a lo largo de esta semana se ha juzgado en la Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, contra el exgerente, Tomás Cavanna, la presidenta de la Fundación, Marina Castaño, la responsable de la entidad, Covadonga Rodríguez, y su padre, el exconselleiro Dositeo Rodríguez.

En su intervención, el fiscal, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que en este caso "se cumplen los requisitos" legales para declarar una malversación de fondos públicos, ya que se produjo un "engaño" para pagar con dinero de la Xunta una indemnización al que entonces era gerente de la entidad, previa a su absorción por la Administración gallega.

Fiscalía considera, así, que era el propio Cavanna el que, al conocer que la Fundación sería transformada en pública, quiso marcharse, tanto por la "incompatibilidad" con el proyecto público para la entidad como por la imposibilidad de asumir las cifras de su salario, que era "más alto que el del presidente de la Xunta".

Para ello, asegura, y en connivencia con los demás acusados, se realizó una "simulación" de despido con una negociación que, alega, no era tal, ya que Cavanna reclamó "desde el primer momento" la cantidad que finalmente le fue abonada, de 150.000 euros. El "engaño", ha explicado García Ortiz, se llevó incluso hasta el patronato, que aprobó un despido objetivo en mayo de 2010 por 96.000 euros, a pesar de que los contactos exigiendo 150.000 ya habían comenzado antes.

El Ministerio Público considera a Tomás Cavanna el culpable de "diseñar" el plan, el que era "ideólogo y beneficiario", y cree que se siguió para ello instrucciones de Marina Castaño, que indicó que no se iba a "negociar" lo que el gerente reclamaba.

"Actuaron como si fuera una familia, pero con fondos públicos", ha dicho el fiscal, que ha afeado que, ante la reclamación de Cavanna, no se hiciesen "números" ni se "planteasen otras alternativas".

Por su parte, el letrado de la acusación particular, Xosemaría Rodríguez, ha considerado "indubitado" a través de los correos electrónicos incluidos en la causa, que Tomás Cavanna "quería dejar la Fundación, y ha recordado que, de tratarse de un despido improcedente, "si tuviese voluntad de quedarse, se podría haber quedado".

Ante las alegaciones de las defensas al respecto de que el gerente quería irse "en las mismas condiciones" que otros trabajadores despedidos con anterioridad, el letrado ha recordado que a ellos "no se les ofrecieron estas cantidades", si no que tuvieron que recurrirlas judicialmente, y ha visto en el caso de Cavanna, "todos los requisitos" para un despido objetivo.

También el letrado de la acusación particular ha cuestionado el motivo por el cual, "si era todo tan lícito", no se informó del acuerdo al patronato, que votó un despido por causas objetivas.

Una acusación "con pinzas"

Sin embargo, las defensas de los cuatro acusados han cargado contra estos argumentos y han considerado que la acusación se sostiene "con pinzas". "No ha habido ninguna ocultación", ha dicho el abogado defensor de Marina Castaño, que no ve en las pruebas encaje para la malversación de fondos públicos.

Por el contrario, considera que los cargos son "opiniones subjetivas de carácter personal" y que no ha "habido voluntad" de simular ni el despido ni la indemnización.

"Negamos tajantemente que haya habido una simulación", ha dicho, ante el tribunal, el abogado defensor de Tomás Cavanna, Ramón Sabín, que ha dicho que el gerente "se enteró de que iba a ser despedido" y quiso recibir una compensación adecuada por eso. "Si quisieran hacerle un favor, no serían 150.000 euros", ha dicho el letrado, que ha calificado de "ridiculez" que Cavanna quisiese "renunciar" voluntariamente a un puesto que suponía un salario de 100.000 euros anuales.

En otro orden de cosas, Sabín ha sacado a colación que los testigos de la Xunta "dijeron que la Fundación no era pública" en 2010, mientras que la defensa de Dositeo Rodríguez, que ejerce Evaristo Nogueira, ha cuestionado el motivo por el cual la Administración gallega no está personada, si se trata de un caso de malversación pública. Del mismo modo, el letrado considera que ver en Cavanna un deseo de marcha voluntaria es "una interpretación totalmente sesgada".

"La Xunta no ha reclamado en ningún momento los fondos", ha dicho, finalmente, la defensa de Covadonga Rodríguez, que ha apreciado en esta actitud que entiende que "son correctos", al tiempo que ha asegurado que "entender que es una simulación de un despido" es algo "excesivo". "No veo que podamos estar ante ningún ilícito penal".

El último en tomar la palabra en el juicio ha sido Tomás Cavanna, que ha hecho uso de su turno final para enmarcar todo el proceso en una campaña de "ataque" a la figura de Camilo José Cela iniciada hace "21 años".

Peritos

En esta última jornada de juicio, que ha quedado visto para sentencia, han declarado también dos peritos, uno propuesto por la acusación y otro por la defensa.

En el primer caso, la perito ha asegurado que los correos incautados a la Fundación "ponían de manifiesto que era una remuneración pactada" y, por tanto, "no exenta" de retención económica, algo que no se practicó. Del mismo modo, ha considerado que se trató de un despido simulado, ya que incluso "la carta de despido había sido redactada" por Cavanna.

En contraposición, el perito de la defensa ha considerado que el despido era "nulo" de forma y que, para que fuese declarado procedente en esas circunstancias, "el abogado en sala tendría que haber hecho el pino y hablado chino".

Tras calificar de "normal" la indemnización pactada, el perito ha dicho que un acuerdo como el alcanzado con Cavanna habría sido "felicitado" por un empresario con "una mariscada".