El Gobierno y comunidades acordaron ayer el documento único que permitirá a las víctimas de violencia de género acreditar esa condición ante los servicios sociales para acceder a las ayudas y prestaciones sociolaborales sin tener que presentar una denuncia. Se trata de uno de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Igualdad, presidida por la secretaria de Estado Soledad Murillo, que decidió además los criterios de reparto entre las comunidades de 100 millones de euros para la lucha contra el maltrato, como establece el Pacto de Estado.
La Conferencia Sectorial dió el visto bueno al título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima sin la necesidad de interponer denuncia, con el diseño de un modelo común y consensuado que unifica esa acreditación administrativa en todo el territorio.
Con esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia de género, se permite el acceso a esas ayudas sin supeditarlo a la judicialización del caso, dando validez a los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de acogida destinados a víctimas de violencia de género.
