El debate sobre la despenalización de la eutanasia rebrota en España tras la detención, ayer en Madrid, de Ángel Hernández por suministrar una sustancia para ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, de 61 años, en fase terminal de una esclerosis múltiple. El matrimonio grabó dos vídeos, el martes y el miércoles, en los que ella expresaba su consentimiento y la petición de que su marido la ayudara a morir. En estos vídeos, él le dice: "Me lo has pedido muchas veces, muchas veces, más de las necesarias, pero, claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero visto lo visto...". Y ella responde: "Adelante". El debate político sobre la regulación la eutanasia quedó paralizado por el anticipo electoral.

María José Carrasco fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 1989 y tenía una discapacidad del 81%. Había expresado a su marido "muchas veces" su deseo de fallecer. El miércoles lo logró. Su esposo, Ángel Hernández, también escribió hace días una carta en la que relataba el sufrimiento de su esposa. En la misiva, se dirigía a los "negacionistas" de la eutanasia para pedirles que fuesen conscientes "del dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren por su actitud".

Solicitó a los legisladores que evolucionen hacia posiciones menos contrarias a la eutanasia para evitar que alguien que lo necesite tenga que transitar por los mismos caminos que ellos. "Los cuidados paliativos y de buena calidad como los que ha recibido María José deben ser un derecho de todos aquellos que los necesiten y demanden, pero también tiene que existir el derecho al suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida", escribió.

También afirmó que los cuidados paliativos "no son una alternativa a la eutanasia, los dos deben coexistir, y por libre elección decidir por uno de ellos". "Somos defensores de que la eutanasia sea considerada como un derecho de libre elección de toda persona que arrastre una enfermedad irreversible que le produzca una existencia de dependencia y sufrimiento que no desea", añade.

El Código Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave. Desde la muerte de Ramón Sampedro hace 21 años, en varias ocasiones el debate de la eutanasia ha saltado a la palestra, como tras la condena en 2016, a dos años de prisión, al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse.

Por su parte, Pablo Fernández, director médico del HUCA y miembro del Comité Nacional de Bioética, consideró que "lo previsible es que cuando se recobre la estabilidad política se reanude el proceso" para regular estos procesos. Y añadió: "La eutanasia y el suicidio asistido es diferente, en Suiza el suicidio asistido es legal. En Holanda, la eutanasia".

Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional, miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente, opinó que "éste es un caso de libro. Yo supongo que el hombre se irá a su casa, no hay razón para que haya una prisión preventiva.

La presidenta gallega de Derecho a Morir Dignamente califica de "acto de amor" la cooperación del marido. "Creemos que lo que ha hecho el marido de María José, Ángel Hernández, es un acto de amor hacia su mujer, teniendo en cuenta que ella tenía 61 años y llevaba 30 con una esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que volvió a esta mujer totalmente dependiente en la última década. No podía mover las manos, no podía caminar, a penas comer y casi no veía. Ella le había pedido a él firme y libremente que le ayudara a morir. Lo había solicitado cuando era dueña de sus capacidades mentales, cuando era dueña de su vida y de su cuerpo". Así, se refiere Ascensión Cambrón, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) al suicidio asistido de María José Carrasco.