El Consejo de Estado recomienda atribuir a la Administración General del Estado el "control global" de la actividad de los organismos acreditados para la intermediación entre las familias adoptantes y los países de origen del menor que va a ser adoptado, según aconseja en su dictamen en el real decreto que desarrolla el reglamento de adopción internacional.
El nuevo reglamento con el que se pretende unificar los criterios de estos procesos así como agilizarlos y aportar mayor seguridad jurídica tanto a las familias adoptantes y a los menores adoptados, entrará en vigor el 4 de julio.
El Consejo basa su recomendación en el hecho de que la adopción internacional afecta a menores que residen habitualmente en el extranjero y a que "el principio de territorialidad que resulta inherente al Estado de las Autonomías exige que las competencias autonómicas tengan por objeto fenómenos, situaciones o relaciones radicadas en el territorio de la comunidad".
