10 de abril de 2019
10.04.2019
La Opinión de A Coruña

Los periodistas del 'caso Cursach' declaran que se les forzó a entregar sus móviles

Kiko Mestre, de 'Diario de Mallorca', dice que el juez no le dio opción a negarse a dar su terminal || Pou, de Europa Press, afirma que la Policía accedía a sus llamadas

09.04.2019 | 22:20
El periodista Kiko Mestre, ayer, tras declarar en el juzgado.

El periodista Kiko Mestre declaró ayer ante la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Felisa Vidal que el pasado 11 de diciembre „cuando le fue intervenido su móvil personal y de trabajo por orden del juez Miquel Florit para investigar el origen de unas informaciones periodísticas publicadas en relación al caso Cursach„ no tuvo otra opción que acceder al requerimiento. "Es como si vas al médico y te dice: o te operas o te mueres", explicó plásticamente el redactor de Diario de Mallorca, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.

Según Mestre, el auto del juez Florit no le dio opción a negarse a facilitar su móvil. "Ni me resistí, ni me aferré al móvil, ni me tiré al suelo. Si me hubiera resistido podía haber acabado detenido por resistencia a la Policía", señaló. El periodista manifestó, al final de su declaración, que la requisa de los móviles y el control judicial y policial de sus llamadas, le ha causado "un enorme daño moral y un gravísimo perjuicio profesional y familiar".

El redactor de Diario de Mallorca recalcó que el caso móviles está causando un serio daño al trabajo de los periodistas en general y especialmente de los que se dedican a la investigación. "Nadie nos va a contar nada si sabe que la Policía va a tener acceso después a nuestras fuentes", indicó.

Mestre manifestó, a preguntas de su defensa, que no renuncia a reclamar posibles indemnizaciones por el daño moral sufrido tras esta lamentable experiencia.

Por su parte, Blanca Pou, redactora de Europa Press, reiteró ante la magistrada instructora que los policías que ejecutaron la orden del juez vulneraron su derecho constitucional al secreto profesional. "He insistido en que protesté", detalló. "Sabemos ahora „dijo la periodista„ que hacía meses que la Policía tenía acceso a mis llamadas y a los posicionamientos de mi móvil".

La redactora indicó además que expuso ante la magistrada y los letrados de las partes que los agentes que registraron la sede de su empresa no le permitieron comunicarse con sus servicios jurídicos. Según declaró ante la magistrada Felisa Vidal, los agentes pidieron ver su correo electrónico y uno de ellos utilizó en ese momento el equipo que la redactora tenía en la delegación „ordenador que ese mismo día también fue incautado„, donde tenía abierta la sesión de su correo personal, el corporativo y el oficial de la delegación. La redactora también reveló que, tras mostrarle la orden del juez, le exigieron la entrega del móvil y de las claves de éste. Así, para comprobar las claves en el mismo acto de incautación yaccedieron al teléfono.

Por su parte, el inspector jefe de la Policía Judicial que declaró ayer como testigo admitió que Pou protestó y planteó su oposición ante la incautación de su teléfono, lo que contrasta con una declaración de Florit que afirmaba que los periodistas "acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento".

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