La Fiscalía y Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, recurrirán la decisión del juez de Madrid de inhibirse a favor de un juzgado de Violencia contra la Mujer, al entender que las circunstancias del caso "excluyen" la violencia machista.
La fiscal de sala de Violencia machista, Pilar Martín Nájera, dijo ayer que no comparte "ni la decisión ni los argumentos" del titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que decidió el miércoles inhibirse en la causa del suicidio asistido de Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, que la pasada semana se quitó la vida con la ayuda de su marido. Según Martín Nájera, el juez hizo una "valoración sesgada" de las sentencias en las que se apoyó para tomar su decisión, lo que achacó a que no está especializado en los delitos tipificados como violencia de género, que se deben cometer en un contexto de "dominación, humillación y discriminación". La fiscal considera que estas circunstancias no se produjeron en la muerte de María José, quien reiteradamente y públicamente había manifestado su voluntad de morir.
El juez madrileño se amparó en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Tribunal Supremo, que determina que cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio que se hayan cometido contra quien o haya sido la esposa del autor o haya tenido una relación de afectividad análoga deben ser investigados por juzgados específicos.
Los argumentos esgrimidos por la fiscal son compartidos por la abogada de Ángel Hernández, Olatz Alberdi, quien calificó de "injusto" que su cliente se vea sometido a un juzgado de violencia de género, "con lo que ello conlleva a nivel emocional". A su juicio, no todos los casos entre un hombre y una mujer "deben tramitarse por violencia de género cuando las causas y la intención están claras, como ocurre en este caso".
Tras la muerte de Carrasco, Ángel Hernández fue detenido y pasó a disposición de la jueza que estaba de guardia, en el 36 de Madrid, que decidió dejarlo en libertad sin medidas cautelares investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio.
