Organizaciones de mayores y directores de residencias denunciaron ayer la falta de personal cualificado y reclamaron un mayor número de inspecciones para evitar casos como el denunciado en una residencia de Madrid en el que habrían sido maltratadas al menos dos ancianas. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra tres trabajadores de una residencia que el grupo Los Nogales tiene en la capital de España por maltratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo después de que el hijo de una de ellas presentara varios vídeos en los que se puede ver el trato vejatorio que sufrieron.

"Los mayores, aunque no tengan deterioro cognitivo, no denuncian, por miedo a represalias y al abandono", explicó Carmen García Revilla, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), quien recordó que el 60 % de las personas que viven en residencias tiene una demencia y, por tanto, se encuentran indefensas. "Si no hay una grabación es muy difícil acreditar el maltrato. Siempre hay justificación para un hematoma, que atribuyen a una caída o a un golpe y más aún en el caso de las personas con demencia, que no pueden expresar sus sentimientos ni lo que está ocurriendo", añadió.

Según un estudio del Imserso, el 13% de las personas mayores estarían sufriendo abuso y maltrato. "El más frecuente es el psicológico o el económico y el físico se da con menos frecuencia", explicó García Revilla.

En general los autores de estos malos tratos son los cuidadores y el motivo „según la presidenta de la Comisión de Derechos, Deberes y Buen Trato de Ceoma„ es que no tienen la formación adecuada, "ni siquiera muestran un interés especial hacia la persona que están cuidando". Ante este escenario, García Revilla cree imprescindible que el personal que trabaja en las residencias tenga una formación gerontológica y reclama un servicio de inspección a las residencias "más comprometido".

En el mismo sentido se pronunció el coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, quien apuntó que los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos deben tener el título de auxiliar de geriatría o una acreditación profesional en base a los años de experiencia. García reconoció que es imposible evitar por completo que algo como lo ocurrido en esta residencia de Madrid vuelva a pasar, pero señaló una serie de recomendaciones a tener en cuenta para minimizar los riesgos. Aunque una de ellas es la cualificación, este director de una residencia pública denunció las dificultades que tienen los centros para encontrar personal cualificado y advirtió de que en los próximos cinco años se necesitarían 200.000 plazas de residencias más, 100.000 nuevos puestos de trabajo.