El próximo domingo será una jornada histórica, y no solo por el hecho de que los españoles vayan a elegir al décimocuarto presidente de su democracia. Cerca de 100.000 personas con discapacidad intelectual „alrededor de 5.000 gallegos„ que hasta ahora estaban incapacitadas judicialmente para ejercer su derecho al voto, vuelven a estar llamadas a esa la cita con las urnas, gracias a la reforma de Ley Electoral (Loreg) aprobada en el Congreso en octubre y que convierte a España en el octavo país de la Unión Europea que reconoce el derecho al sufragio de ese colectivo. Un cambio normativo que llega once años después de la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, tal y como ellos mismos proclaman, los vuelve a situar como "ciudadanos de primera".

"Este reconocimiento no es generalizado, pues había personas con discapacidad que ya votaban anteriormente, sino solo para quienes estaban incapacitadas, y que ahora recuperan el derecho de forma automática", explican desde Plena Inclusión. "La mayoría son personas con discapacidad intelectual, pero también hay ancianos y personas con problemas de salud mental que habían sido eliminadas del censo automáticamente al modificarse su capacidad de obrar, lo que antes se conocía como incapacitación, para proteger cuestiones como, por ejemplo, la gestión del patrimonio. Pero no tiene sentido. Imagina que cuando tu hijo cumple 18 años y ya puede votar te dijeran que también dejes el patrimonio en sus manos, no lo haríamos ni locos", añaden.

El secretario de la Junta Rectora de la Asociación Pro Personas con Intelectual de Galicia (Aspronagra), Elías Palacio, aplaude el hecho de que los miembros de ese colectivo vayan "subiendo peldaños en la escalera que los conduce a la igualdad con respecto al resto de ciudadanos", y reivindica el trabajo de las entidades que luchan día a día para lograr que esa igualdad se haga efectiva. "Si se ha logrado restablecer el derecho al voto de ese colectivo es gracias al trabajo que las asociaciones llevan realizando durante décadas en favor de la igualdad y la inclusión plena de las personas con discapacidad intelectual", subraya.

Como preámbulo a la histórica jornada del próximo domingo, ocho localidades gallegas acogieron el pasado día 5 un simulacro electoral simultáneo, organizado en toda España, precisamente, por Plena Inclusión. La ciudad de A Coruña, Betanzos, Rois, Cangas, Lalín, Pontevedra, Burela y Viveiro acogieron sendas jornadas electorales simuladas para las personas con discapacidad intelectual que recuperan su derecho al voto, que acudieron a depositar su papeleta, también ficticia, "con mucha alegría e ilusión", y sobre todo "con muchas ganas", aseguraron varios electores en el acto de A Coruña, celebrado en la Casa del Agua. Juan Otero fue uno de los participantes en ese ensayo. "Fue todo bastante bien. Es muy sencillo: el sobre blanco es para el Congreso y el amarillo, para el Senado", explica este coruñés de 42 años, quien con una sonrisa franca y la emoción a flor de piel, reconoce tener "muchísimas ganas" de que llegue el 28-A. "Estoy muy emocionado de recuperar el derecho a votar. Ya me tarda que llegue el domingo", remarca. A su lado, Fran Ulla asiente con la cabeza. Tiene 44 años, y tras muchos años incapacitado para ejercer su derecho al voto, el próximo domingo volverá a depositar su papeleta en la urna electoral. Los dos tienen ya casi del todo claro su voto. Fran dice que a veces su tía le pregunta que a quién va a votar, aunque él nunca revela sus intenciones porque, insiste, "el voto es secreto". Los dos siguen la actualidad por prensa y televisión y les interesa lo que digan los partidos en sus propuestas sobre inclusión y ayudas a la discapacidad y dependencia. Por ejemplo, pedirían al siguiente inquilino de la Moncloa más plazas en residencias y más ayudas para la vivienda para las personas con discapacidad.

"La mayoría de las personas que atendemos están interesadas en las políticas más específicas sobre discapacidad", apunta la responsable de Comunicación de Aspronaga, Pilar Fustes, y aunque reconoce que "hay de todo, como en todos los ambientes", asegura que, en líneas generales, tienen mucho criterio político. "Son muy reivindicativas y exigentes con que se cumplan sus derechos, precisamente porque lo han tenido complicado para ejercerlos", subraya.

Las asociaciones del sector avisan, no obstante, de que "aún queda camino por recorrer" y critican una instrucción lanzada por la Junta Electoral Central (JEC) que dotaba de capacidad a apoderados e interventores de los partidos políticos para anotar en acta el DNI de las personas con discapacidad intelectual que, según su criterio, no estuviesen "ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria". Inclusión "sin ambigüedades ni complejos" es lo que reclama Isabel Quintairos, miembro del Comité de Personas con Enfermedad Mental de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes)-Galicia, quien se muestra especialmente crítica con esa instrucción „posteriormente rectificada por la JEC„. "No tiene ni pies ni cabeza. Los miembros de la mesa electoral no son psiquiatras o profesionales con contrastada experiencia que puedan determinar si una persona está capacitada o no para votar. ¿En qué criterios se van a basar? Además, ¿para qué sirve que anoten los datos de un votante? El voto es secreto. ¿Qué se van a dedicar a impugnar todas las urnas en las que haya algún voto que ellos consideren que no se ejerce desde la total libertad?", se pregunta. En la misma línea, el presidente de Feafes-Galicia, Xosé Ramón Girón, señala: "No tiene mucho sentido reconocer un derecho a determinados ciudadanos y que luego no lo puedan ejercer en igualdad de condiciones que el resto".

No es la única traba. "Para lograr votar en igualdad de condiciones, las personas con discapacidad intelectual necesitan accesibilidad: programas electorales simplificados, clasificación por colores de las papeletas, señalización accesible de las mesas electorales...", señala Elías Palacio. "Lo ideal es que hubiese un mediador de apoyo para estas personas en cada colegio electoral, o por los menos en los que acogen a un mayor número de votantes. Sabemos que es difícil, sobre todo en una comunidad como Galicia, con tanta dispersión poblacional, pero esperamos que con el tiempo se vayan logrando también este tipo de avances", añade Pilar Fustes.