Más de 2.200 familias numerosas de Galicia consideradas de tipo especial „es decir, con cinco o más hijos„ corren el riesgo de perder su condición si uno de los descendientes abandona el hogar familiar. Una amenaza que responde a la interpretación restrictiva de la ley de Protección a las Familias, que ya ha sido puesta en cuestión por varios juzgados, el Defensor del Pueblo, y ayer por el PP gallego.

En concreto, a partir de la reforma del texto aprobada en 2015, las familias numerosas de tipo especiales solo podían mantener la categoría si todos sus miembros menores de 21 años (25 en caso de que cursen estudios), o los hjos con alguna discapacidad reconocida, mantenían una relación de dependencia económica respecto a sus progenitores. Sin embargo, el cambio dio lugar a la protesta „incluso por vía judicial„ de muchos núcleos que veían cómo la emancipación de uno de sus miembros comportaba automáticamente la pérdida de los beneficios fiscales, entre otras ventajas que van ligados a la familia numerosa especial.

En Galicia los beneficios se aplican a la hora de inscribirse en las oposiciones de la Xunta, en la matriculación educativa o en el transporte. Pero fundamentalmente son deduccciones al IRF. Al margen de los 2.400 euros de exención que contempla el Estado, se bonifica con 400 euros el tramo del IRPF autonómico.

El pasado mes de marzo, un juez de Vigo dio la razón a una familia que había perdido la condición "especial" al abandonar una de sus hijas la vivienda común. El fallo entonces destacó que la ley produciría una "discriminación por razón de edad intolerable", pues los hijos pequeños "se verían privavados de gozar de los (exiguos privilegios) que ese título confiere". El mismo razonamiento empleó ayer la diputada del Partido Popular Paula Prado, que defendió asimismo que la Xunta viene reclamando "en múltiples ocasiones" al Gobierno central que aclare la legislación.